Ante la suspensión del funcionamiento de la oficina que controla los arrestos domiciliarios, a fin de mes, por falta de pago al personal, la Justicia salió a respaldar la importancia de la entidad. "Nos preocupa a todos que los controles queden en manos de la policía", dijo ayer el camarista Alfredo Ivaldi Artacho, quien dirige la oficina con su par Daniel Acosta. Una frase similar salió de boca del fiscal regional Jorge Baclini, quien se esperanzó en la posibilidad de que el Ejecutivo recree las condiciones para que la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas de la prisión preventiva (OMAS) siga funcionando. El ministro de Justicia, Juan Lewis, tuvo una mirada crítica sobre el desempeño de la oficina.

A partir de lo publicado ayer por este diario -y otros matutinos , sobre la suspensión de las actividades en la oficina donde se desempeñan tres profesionales que no cobraron los últimos salarios, y sobre quienes se demora la contratación; actores del Poder Judicial quisieron defender las funciones y la importancia de que el control de salidas laborales, restricciones de acercamiento, prisiones domiciliarias y otras medidas no estén en manos de la policía.

Baclini destacó que "con esta oficina se le había sacado el control a la policía". Además, destacó: "Funciona a buen nivel, pese a que le faltan recursos. Es un muy útil e importante. Son muchas las bondades; y el control que realizaban era permanente", dijo.

Más temprano, Lewis habló en Radio 2: "Para un control efectivo, entendemos que una oficina de esa índole no puede tener un trabajo burocratizado, sino mayor contacto con los distintos efectores del Estado, como centros de salud, vecinales. Tiene que tener una mayor inserción en el territorio y la realidad para hacer un control efectivo", dijo. En ese sentido, planteó que la situación de los profesionales a cargo "no es por una cuestión que tiene que ver con el Poder Ejecutivo"; y aclaró que ofrecieron "hacer contratos para mantener a personas, pero los involucrados estuvieron meses para entregar los papeles". Además, sugirió que se pueden usar "cargos al interior del Judicial que están quedando como consecuencia de los traspasos del nuevo sistema".

Baclini negó que se trate de una oficina "burocrática"; y lamentó que la policía deba tomar el control de las constataciones del cumplimiento de las medidas alternativas.

Por su parte, el presidente de la Cámara Penal, Acosta, aclaró que las actividades se paralizarán por "falta de percepción de haberes para el personal especializado a cargo". Al mismo tiempo, dijo que a fines del año pasado, "la Alzada puso en conocimiento a la Corte, y desde ésta se avisó al Poder Ejecutivo, sobre la situación de los contratos, porque la Corte no puede nombrar personal contratado".

Ivaldi Artacho destacó que la OMAS fue "muy bien recepcionada por las partes del nuevo sistema penal". Y agregó: "Antes no había nada más que controles policiales totalmente inadecuados. A la policía hay que sacarle esas funciones porque dan lugar a situaciones confusas".

Al mismo tiempo, indicó que "una de las prioridades de la Cámara y de la Corte es la continuidad de esta oficina por los réditos, beneficios y confianzas que logró la OMAS. Se pidieron dos contratos al Ejecutivo, que están en gestión; pero hay demoras y el hecho de tener a gente tan capacitada sin una retribución llegó a un límite. No es un cierre definitivo pero sí una suspensión lamentable hasta que se solucione la cuestión. Es muy triste que pase esto".