La jueza civil y comercial de San Lorenzo, Silvia López de Pereyra, otorgó 30 días a la empresa Celulosa de Capitán Bermúdez, para que entregue un certificado de aptitud ambiental. De lo contrario ordenará su clausura. La demanda la plantearon en 2006 un grupo de vecinos por contaminación ambiental. El gremio de papeleros se declaró ayer en alerta y movilización para "evitar el cierre de una fuente de trabajo de la que viven más de mil familias en la región", aseguró el secretario Daniel Canóniga a Rosario/12 .

El abogado Alejandro Fabián Echevarne explicó que la jueza hizo lugar al amparo ambiental que fuera presentado en 2006. "Todo se generó a partir de la visita de Greenpeace, de los escapes, del desalojo de colegios y vecinos. En estos nueve años el expediente tiene 20 tomos con informes de manera particular y de la secretaría de Medio Ambiente", apuntó Echevarne, abogado representante al grupo de vecinos que inició la causa.

"La causa la comenzaron los vecinos y la terminó impulsando Fiscalía de Estado provincial a partir de las emisiones de gases y hechos que afectaron la salud de la población de Capitán Bermúdez", indicó el profesional.

El certificado que necesita la empresa lo emite el Ministerio de Aguas y Servicios, a través de la secretaría de Medio Ambiente, dando cuenta de que no contamina. "Ha mejorado mucho pero no es suficiente", sostuvo Echevarne.

El abogado confió que detectaron "un sinnúmero de irregularidades" a lo largo de estos años, aunque reconoce que Celulosa ha ido disminuyendo su impacto, utilizando mejor tecnología, incluso abandonando la utilización del cloro elemental para el blanqueo de pastas. No obstante, se ha demostrado que aún hay partículas en el aire muy nocivas para la población.

"Hay que analizar qué es más importante, si la vida o el trabajo. La familia y los trabajadores terminan siendo rehenes, pero después hay que ver quiénes son los responsables, quién cuida el medio ambiente", finalizó.

Desde el gremio que agrupa a los trabajadores del sector plantearon "juntarse a hablar con la empresa y exigirle las condiciones laborales que corresponden". "Somos 450 familias que trabajan en esta empresa dentro del convenio, y otra tantas por fuera del mismo que no pueden quedar sin ingresos, hay que llegar a un acuerdo", advirtió Canóniga.

Y afirmó que "en los últimos 15 años la empresa invirtió un importante dinero en higiene y seguridad, automatización y todo lo que se refiere al medio ambiente".