El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, aseguró ayer que el 80 por ciento de las personas detenidas este año, por hechos delictivos, quedó presa. Con ese dato aportado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), el máximo tribunal santafesino tiró por tierra la acusación sobre la existencia de una "puerta giratoria" a la que refirió días atrás el ministro de Seguridad Raúl Lamberto. "La puerta queda trabada", señaló Erbetta, quien al mismo tiempo aseguró que el Poder Judicial "no es un robot" sino que hay jueces independientes y autónomos, que no se ponen de acuerdo para tomar decisiones porque "sería especulativo". Además, dijo que "se duplicó la tasa de encarcelamiento, con 200 detenidos cada 100 mil habitantes, en la actualidad; cuando en 1999 o 2000 había 86, cada 100 mil habitantes". Entre otras cosas, el ministro adelantó que ﷓tras el cierre de la Oficina de Control de las Medidas Alternativas y Sustitutivas (OMAS) de la prisión preventiva, como los arrestos domiciliarios﷓ la Corte creará una oficina para realizar los controles, que hoy están a cargo de la policía. También defendió los beneficios del nuevo sistema penal y dijo que la actual "transparencia" del sistema lleva a que "todos opinen".

Días atrás, el ministro Lamberto dijo que "la sociedad pide que se termine con la puerta giratoria en la Justicia", tras la difusión de un informe que indicaba que el 65 por ciento de los detenidos por la policía fueron liberados por la Justicia.

Con los números de la OGJ en la mano, el ministro de la Corte aportó los datos oficiales: "Desde el 1º de enero al 16 de octubre, se realizaron 2.278 audiencias orales y públicas en la provincia", dijo. De ese total, más de 1.200 se desarrollaron en los Tribunales de Rosario; más de 600 en la ciudad capital; casi 200 en Venado Tuerto; 120 en Rafaela; y poco más de un centenar en Reconquista. En ese contexto, Erbetta dio cuenta de que de las más de 1.200 audiencias que se hicieron en Rosario, los jueces decidieron la prisión preventiva de 928 personas; mientras que menos de 200 quedaron en prisión domiciliaria; y 280, en libertad. "Las libertades solo representan el 20 por ciento; así que no comparto la posición del ministro de seguridad", dijo Erbetta.

"Si la solución para la seguridad es sinónimo de aumento de encarcelamiento estamos en un problema, porque nunca esto resolvió la inseguridad ni mejoró la calidad de vida de la gente, en ningún país", reflexionó Erbetta. Y agregó: "La función de los jueces es hacer respetar los derechos y evitar la impunidad, la falta de respuestas; a los fiscales les toca definir una estrategia de persecución penal e investigar el delito. Pero la Justicia no previene el delito, interviene cuando ya sucedió. Las estrategias tienen que ver con políticas públicas de otros poderes del Estado. Lo que demanda esta política pública es tener un diagnóstico. También se requiere una política bien definida de la agencia policial: a la policía la debe gestionar la política, siempre".

El informe habla de 30 mil detenciones, en lo que va del año, en la provincia. "A mí me preocupa esta cantidad en nueve meses, en una provincia, de las cuales 11 mil son por averiguación de antecedentes", reprochó. "La idea de que meter mucha gente presa aliviaría el tema de la inseguridad es de total falsedad. Es una idea con una gran fuerza cultural, pero con un falso argumento. La mayor seguridad se logra con políticas", dijo.

Para el ministro, "el aumento de la tasa de encarcelamiento (expresada más arriba) es el argumento cabal de que la puerta no gira". En ese sentido, dijo que en Santa Fe, del total de presos, un 50 por ciento tiene condena. "Es que el nuevo sistema es más ágil que el anterior", dijo. Además, precisó que también aumentó la tasa de esclarecimiento de homicidios, según datos aportados por la Fiscalía Regional, que también están en un 50 por ciento. Aunque aclaró: "Siempre aspiramos a que sea más alta".

En ese contexto, Erbetta habló también de los juicios abreviados, en relación con el mayor esclarecimiento de hechos delictivos. "Es una herramienta que correctamente utilizada puede favorecer un descongestionamiento y solución de un problema en un plazo razonable", dijo. Y agregó: "No es lo más aconsejable que haya preponderancia de abreviados, aunque hay que analizar caso por caso. Todavía es prematuro poder hacer una valoración".

En cuanto a las medidas cautelares, como arrestos domiciliarios, Erbetta señaló que hay un "porcentaje ínfimo". Sin embargo, dijo que "no se puede construir una afirmación por un caso en el que una personas con arresto domiciliario volvió a delinquir, sino que hay que analizar los casos y sacar una conclusión". Y se refirió al cierre de la oficina que no llegó a empezar a recabar esos datos, porque se venció el contrato y hace tres meses dejó de funcionar como espacio de control.