Por años, Jorge Daniel P. se encargó de dejarle bien claro a su familia quién mandaba; quién controlaba todo en el hogar. En ese contexto, abusó reiteradamente de dos de sus hijas, en la adolescencia, y las tuvo amenazadas a tal punto que ninguna de las dos sabía que la otra también era sometida. Desde hace unas semanas, el aberrante caso de una de las jovencitas se ventila en el primer juicio oral y público por abuso sexual, en los Tribunales de Rosario, donde los fiscales Matías Ocariz y María Josefina Bertotto llevaron al banquillo al acusado y pidieron que sea condenado a 11 años y medio de prisión. Un dato desgarrador es que la víctima tiene a su familia en contra, y antes del inicio de las audiencias su madre presentó a la Justicia un teléfono celular con el que asegura que la denunciante intercambiaba mensajes de índole sexual con un muchacho. La defensa del imputado se tomó de ese elemento para desvalorizar el relato de la víctima. "Plantearon que no se puede hablar de abuso sexual de una mujer que tiene relaciones consentidas con otra persona. Es como cuando los abuelos le dicen a una mujer que por salir vestida de determinada manera la van a violar; como si ello lo justificara", lamentó el fiscal Ocariz.

El acusado es el padre biológico de la denunciante y está en prisión domiciliaria desde hace más de un año, cuando el caso llegó a la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales. La víctima fue abusada desde los 13 a los 17 años por el hombre. Hoy es mayor de edad y lleva adelante la causa con el único apoyo de la Fiscalía y los profesionales de diferentes áreas que la asistieron en la acusación. Ahora, el imputado está siendo juzgado por los jueces Raquel Cosgaya, Roxana Bernardelli y Juan Carlos Curto, por los delitos de abuso sexual simple agravado por el vínculo y abuso sexual doblemente agravado por el acceso carnal y por el vínculo.

Ocariz señaló que "la denuncia fue accidental". Según pudo saber este diario, la Fiscalía Regional tomó conocimiento de la causa a principios del año pasado. "Ella le mandó mensajes a otra persona, donde relataba lo que le estaba pasando con su padre. De casualidad, su hermana vio esos mensajes y le fue a decir que a ella le estaba pasando lo mismo". Así, las dos se enteraron de que eran víctimas del mismo abusador: su papá. Pero solo una de ellas decidió denunciarlo y llevarlo a juicio. "El caso es muy complejo, justamente porque hay amenazas, pedidos de que no se siga adelante con la denuncia. Se trata de una familia patriarcal, en la que hay alguien que es dueño de todo y de todos; pero sobre todo, de todas. Y eso atañe a lo sexual. En este caso, la víctima tiene hasta a su madre en contra. Las amenazas, en muchas oportunidades tuvieron que ver con acusar a la víctima de que desarmaría toda una familia. Tanta es la presión de ese patriarca que maneja todo, que a veces no necesita ni amenazar: ya maltrató y dio la pauta de que les puede complicar la vida", relató el fiscal.

En ese sentido, Ocariz, destacó el trabajo para la investigación. Es que, según indicó, "los abusos sexuales son llamados delitos de alcoba porque es muy difícil que haya testigos y pruebas. Como dice (el juez federal de La Plata) Carlos Rozansky, el abuso sexual infantil es el delito más impune, y eso tiene que ver con el porcentaje de denuncias que hay al respecto. Estamos hablando de una cuestión intrafamiliar y que hay que denunciar a una persona que vive con la víctima", planteó.

En ese contexto, destacó las bondades que aporta el hecho de que haya fiscales especializados en delitos de este tipo en el marco del nuevo sistema penal, porque "antes eran pocos los abusos intrafamiliares que llegaban a juicio, por la falta de pruebas". En este caso, lo que se hizo fue "investigar como se debe hacer con este tipo de conductas delictivas: primero, dándole especial importancia al relato de la víctima; y luego, trabajando con los rasgos, indicadores y síntomas, desde el punto de vista psíquico, tanto con la víctima como con la familia y el entorno". Para ello, participaron más de diez profesionales, que fueron testigos en el juicio. "Se trata de personal de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, del Ministerio Público de la Acusación y personal policial". Ocariz señaló que "se intervino tanto en contacto con la víctima, como desde afuera, en el análisis de la causa. Y se encontraron muchísimos indicadores compatibles con el abuso sexual que fueron contundentes para llegar a juicio. Por eso, estamos satisfechos con lo que pudimos volcar en las audiencias", dijo sobre la carga de la prueba que se logró producir, en el marco de las dificultades que representa el propio delito.

El punto más relevante del juicio fue cuando se planteó una cuestión relacionada con un celular que "no se sabe a quién pertenece, porque no pudo ser reconocido, ni se sabe entre quiénes se da el intercambio de mensajes dado a conocer". La prueba, para el fiscal, "no tiene peso". Según se pudo saber, se trata de mensajes de índole sexual entre dos personas. Lo que planteó la madre es que el teléfono pertenece a su hija, quien intercambia mensajes con un muchacho. "Como si esto fuera importante en el marco de un delito sexual. Incluso, se agarraron de uno de los mensajes que expresaba 'yo te di mi virginidad', como para demostrar la mendacidad de la denuncia, pero una persona abusada es virgen si nunca tuvo relaciones sexuales consentidas. Y así lo dejó claro una profesional en las audiencias, frente a los jueces", dijo el fiscal. Sin embargo, la valoración de esa cuestión quedará en manos de los magistrados a la hora de dictar sentencia.

Por estos días, la defensa del imputado recusó a la jueza Bernardelli por una sospecha de parcialidad, pero la Fiscalía no está de acuerdo con ese planteo. El incidente dentro del juicio detuvo la marcha del mismo, que será retomado tras la resolución del planteo defensista.