A cuatro meses del hallazgo del cuerpo sin vida de Gerardo Escobar en el río Paraná, el juez Luis María Caterina ordenó que sigan detenidos los dos policías y tres patovicas acusados. La resolución se dio a conocer ayer tras una audiencia de tres horas; y enojó a los familiares de los imputados. Incluso una mujer fue echada de la sala. "No, no, no, presos no", empezó a gritar. El debate por la continuidad de las prisiones preventivas se dio en medio de la espera de una nueva audiencia, en la Cámara Penal, ya que el pase de la causa a la Justicia Federal -resuelto hace diez días- fue apelado por los abogados de los acusados y aún no está firme que la causa sea investigada como desaparición forzada, tal como pidieron la Fiscalía y los querellantes.

"Pichón" era empleado municipal y fue encontrado muerto en el Paraná la tarde del 21 de agosto pasado, tras estar desaparecido una semana, desde que salió de bailar del boliche La Tienda, de Tucumán al 1100.

Antes de la feria judicial, que comienza la semana que viene, los defensores intentaron una vez la libertad o prisión domiciliaria de sus clientes. Para ello, empezaron con críticas a la investigación. Consideraron que la continuidad de las detenciones es "irrazonable", y hablaron de "escaso material probatorio" en contra de los acusados.

En tanto, los fiscales Marisol Fabbro y Rafael Coria volvieron a detallar los puntos por los que aparece "razonable" la detención de los acusados. En ese sentido mencionaron el video de una cámara de seguridad de la zona, que filmó a Escobar mientras era golpeado por el patovica Cristian Vivas, según indicó Fabbro. También enumeró los testimonios de quienes salieron del boliche con Escobar, y dijeron que una mujer (la encargada del local) le gritaba al personal de seguridad que "no le peguen más, porque lo van a matar"; la declaración del joven que salió aquella noche con Pichón, hasta que lo perdió dentro del boliche, pero que "insistía con que le pregunten al patovica"; el relato de personas que pasaron por hechos "demasiado similares" (con respecto a golpizas fuera del boliche), pero "con diferente final"; los dichos de los vecinos que hablaron de un acuerdo entre la comisaría 3ª y los encargados del boliche para que se extienda la seguridad a toda la cuadra; y el informe médico de Escobar, que "abona a la teoría fiscal". Por ello, Coria consideró que "sigue habiendo peligro de fuga", ya que se siguen reuniendo pruebas.

Por su parte, el querellante Salvador Vera coincidió en esos puntos con la fiscalía y agregó que en el informe de junta médica, además de indicar que el joven no murió ahogado, da cuenta de golpes. Por ello, pidieron nuevos informes médicos sobre los genitales, que "estaban inflamados"; y sobre el cráneo, ante un "desprendimiento nasal y un hematoma en la zona frontal del cerebro". Para los querellantes, Escobar fue golpeado a la salida del boliche por el personal de seguridad, luego fue levantado por un móvil policial o auto que lo trasladó a la comisaría, donde también sufrió violencia, antes de morir por "asfixia seca". En ese sentido, los estudios médicos indicaron que no murió ahogado, sino que fue arrojado al río ya sin vida.

Ahora, la causa continuará con la audiencia de apelación sobre el pase a la Justicia Federal, ya que hace diez días Caterina se declaró incompetente, luego de que la Fiscalía y los querellantes presentarán pruebas que hablan de "serias sospechas" de intervención policial en el caso, por lo que ordenó que sea investigado como desaparición forzada. Lo que no está resuelto aún es si esa audiencia se podrá realizar antes de la feria.

Los imputados son Vivas, acusado de haber "dado muerte con golpes de puño y de la rodilla" a Escobar; y de los policías Luis Alberto Noya y Maximiliano Amiceli; y los patovicas César Darío Ampuero y José Luis Carlino, imputados de encubrimiento.