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Un amplio abanico de organizaciones se movilizará mañana, a las 19, en el Paseo de la Diversidad (Corrientes y el río) en defensa de la Ley Nacional de Salud Mental y para repudiar la posible designación de Andrew Blake como Director Nacional de Salud Mental y Adicciones. "Queremos manifestar nuestro más enérgico rechazo, ya que el mencionado ha sido un detractor público de dicha Ley y ha manifestado su voluntad de incumplirla", dice el manifiesto firmado por usuarios de Salud Mental, trabajadores del área, organizaciones sociales, agrupaciones políticas, docentes universitarios, trabajadores de la Salud, redes y colectivos de defensa de derechos humanos y Salud Mental.

"Esta Ley, la número 26657, que fue sancionada por unanimidad en el Congreso Nacional el 10 de diciembre de 2010, y reglamentada el 28 de mayo de 2013, ha sido producto de un proceso de construcción colectiva, interdisciplinaria, intersectorial e interjurisdiccional con una sostenida participación de usuarios, familiares, trabajadores de salud mental y organizaciones de la sociedad civil", expresaron los manifestantes, quienes sostuvieron "la importancia de que quien esté a cargo de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, sea un actor comprometido con los paradigmas rectores de la Ley Nacional, así como con el marco normativo que regula y defiende los derechos de los usuarios de los servicios de Salud Mental, para lograr la plena implementación de la Ley y la adecuación de todo el sistema de Salud Mental del país a los postulados de la Ley".

Una larga lista de organizaciones solicitaron que "del mismo modo en que la Ley fue fruto de una construcción colectiva, los nombramientos de quienes estén a cargo de dirigir el sistema de Salud Mental del país, sean consensuados con todos los actores del campo, y con los organismos que derivan de la Ley y que están en pleno funcionamiento tales como el Organo de Revisión y el Consejo Consultivo".

Por último, manifestaron también su "más enérgico rechazo a toda medida gubernamental que impida, limite o menoscabe el acceso a derechos o ponga en cuestión el reclamo por su efectivo cumplimiento", al considerar -como lo hace la ley- a la salud mental "como un proceso que implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona".