El juez federal Marcelo Bailaque procesó a Ariel "Guille" Cantero y a Jorge "Ema" Chamorro, a sus mujeres, y a otras 19 personas relacionadas con el clan Los Monos como miembros de una organización de narcotraficantes. Les dictó a todos prisión preventiva, y ordenó que los dos principales sean mudados desde la cárcel de Piñero -donde seguían mandando en la banda a través de órdenes a sus compañeras- a una prisión del Servicio Penitenciario Federal. Este cambio de presidio implica un reproche del magistrado hacia la Justicia provincial y al Servicio Penitenciario santafesino, puesto que Cantero y Chamorro continuaban atendiendo sus negocios desde sus celdas.

Es la primera vez que los Cantero quedan involucrados en el primer plano de una causa federal por tráfico de drogas. Hasta ahora algunos sobrellevan condena por asociación ilícita y el homicidio de Marcelo Demarre, en la saga de venganzas por el crimen de Claudio "Pájaro" Cantero. Pero entre el 29 de noviembre y el 1º de diciembre, fuerzas federales desplegaron medio centenar de allanamientos simultáneos en la zona sur y en el centro de Rosario, en Granadero Baigorria y en las provincias de Chaco y Corrientes. Detuvieron a 22 personas, secuestraron un cargamento de marihuana con destino a Rosario y sumaron decomisos por un total de 500 kilos de cannabis, 5 kilos de cocaína, además de precursores químicos, armas y vehículos. Entre los domicilios allanados, sorprendió la ubicación de un departamento en Corrientes al 1300, donde se almacenaban insumos para cocinar cocaína y otro en Dorrego y Wheelwright.

Le llamaron la operación "Los patrones".

Los fiscales Marcelo De Giovanni y Adriana Saccone, asistidos por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), impulsaron la acusación que halló eco en el juzgado nº 4, a cargo de Bailaque. En la resolución del procesamiento ventilada ayer desde los Tribunales de Oroño al 900, se concluye que Ariel Máximo Cantero ("Guille"), y Chamorro "continuaban manejando el comercio de estupefacientes" aun a pesar de estar presos en la Unidad Penitenciaria nº 11, de Piñeiro. Y lo hacían a través de órdenes impartidas a sus esposas, Vanesa Barrios y Jésica Lloan, respectivamente. "La actuación de ambas fue imprescindible también para organizar el esquema y llevar adelante las actividades delictivas de todo el grupo", afirmó el juez en su veredicto. Por eso le atribuyó a las dos parejas el rol de organizadores de "la estructura delictiva dedicada al tráfico de estupefacientes". Esta calificación, según la ley 23.737, depara penas de entre 8 y 20 años de prisión.

A los 19 procesados restantes, Bailaque los procesó como "presuntos autores de violaciones a la ley de estupefacientes bajo distintas modalidades". Eso implicaría penas de 4 a 15 años de reclusión, según cada caso.

Según la fiscalía, quedan 14 personas prófugas por este caso.

Uno de los procesados conocidos en la crónica policial es Diego Cuello, aquel traficante que resultara absuelto de la causa "Narcochacra", que fue anulada por la Justicia tras comprobar una serie de irregularidades en el procedimiento policial que autorizó el juez Juan Carlos Vienna en 2012 sobre una finca rural en las afueras de Alvear.

La investigación que ahora desembocó en el enjuiciamiento de estas 23 personas había empezado en noviembre de 2014, a partir de una denuncia anónima a la Superintendencia de Drogas Peligrosas sobre un bunker de drogas que funcionaba en Laprida al 6600, en el barrio de la Carne.

Hasta entonces, era usual que esos procedimientos antidrogas se agotaban apenas en desbaratar el eslabón inferior de la cadena narco. Esa vez, hubo decisión para ascender en la pirámide y así se intervinieron teléfonos y se espiaron a dealers y soldaditos hasta llegar a las órdenes emanadas desde adentro de la cárcel de Piñeiro.

Bailaque remarcó la gravedad de ese detalle. "Corresponde señalar que se encontraban detenidos en la Unidad provincial de Piñeiro y que esa situación de detención previa ofrece dos conclusiones: una es que ambos tenían antecedentes penales siendo que estaban, y continúan estándolo, detenidos a disposición del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, y otra es que estando ambos detenidos, igualmente tenían capacidad desde la unidad de detneción como para organizar la estructura funcional para la comisión de estos delitos", reprobó el juez federal. Por eso, ordenó el traslado de Cantero y de Chamorro a dependencias del Servicio Penitenciario Federal.

Para el resto, argumentó la prisión preventiva en vistas de estar ante "una organización de estructura ciertamente compleja y con proyección territorial, con un alto poder de interferir la investigación en caso de concederse la excarcelación, al tiempo que la eventual condena prevista podría dar lugar a intentos de fuga".