Este lunes 4 de enero se va a cumplir el primer aniversario del asesinato de Jonatan Herrera a manos de la policía de la provincia. Aquel día, un caluroso domingo, el chico de 23 años lavaba un auto en la puerta de su casa de barrio Tablada cuando fue alcanzado por una ráfaga de disparos por parte de cuatro integrantes de la Policía de Acción Táctica. Fue el primer caso de una serie que se extendió durante todo el 2015 para culminar el año con al menos quince víctimas fatales de las balas policiales. Detrás de cada hecho se desprenden notorias similitudes: trece de estas quince personas tenían menos de 25 años y todas ellas vivían en los barrios más excluidos de la ciudad. Además, salvando determinados casos que dieron algunos pasos hacia adelante, la mayoría de ellos no muestran rumbo hacia el esclarecimiento. En la investigación de cada caso predomina la versión policial que suele hablar de enfrentamientos con previo intento de robo, en contraposición a las versiones de los familiares de las víctimas que, volviendo a las similitudes, hablan de mentiras, amenazas, pruebas plantadas y el profundo dolor de la indiferencia a la hora de buscar justicia.

Tablada, La Sexta, Empalme Graneros, Tiro Suizo, La Guardia, Parque Casas, Arroyito, Triángulo, Ludueña, Rucci y San Francisquito. Esa es la geografía predilecta del gatillo fácil en 2015. Barrios signados por la estigmatización a su juventud. También son barrios en donde la policía desenfunda su costumbre de evadir leyes y derechos hasta el punto tal de decidir cuándo terminar con la vida de una persona. Pero la policía no sólo mata en los barrios. Los casos Franco Casco, Gerardo Escobar y recientemente Alejandro Ponce, tres jóvenes hallados sin vida en el sector céntrico del río Paraná en término de trece meses, son hechos de los que también se sospecha de la responsabilidad policial. Y aunque ocurrieron en zona céntrica, la marca del barrio se repite: Escobar vivía en barrio Alvear, Ponce en el barrio Toba y Casco había llegado de la localidad bonaerense Florencio Varela para visitar a familiares en Empalme Graneros.

La mayoría de estos chicos no habían terminado la escuela secundaria, vivían de changas o tenían empleos precarios. Otros, en cambio, pudieron terminar sus estudios y trabajar en blanco. Algunos estuvieron vinculados al delito en la adolescencia, otros no tenían antecedentes y otros sí estaban robando al momento de ser asesinados. Sus vidas se apagaron tan intensamente como vivieron, en las barriadas donde las oportunidades de morir se consolidan con mayor velocidad que las oportunidades de vivir dignamente.

Es importante mencionar en qué contexto legal la policía aprieta el gatillo. Argentina está ajustada a normas constitucionales y tratados internacionales de Derechos Humanos vigentes que regulan el accionar de la policía. Se sostiene así que la aplicación de la fuerza policial, como ser el uso de armas de fuego, debería adecuarse al marco legal nacional e internacional. Pero cada ley conlleva su trampa, y así detrás de cada caso de gatillo fácil se suele construir un entramado que busca enmarcar a los hechos dentro de las normas vigentes, con fines de justificar las intervenciones policiales que concluyen con víctimas fatales. De ahí nace entonces el contraste entre las versiones de la policía en la que siempre se basa la Fiscalía para investigar -con la que generalmente se busca encuadrar el hecho bajo la figura de legítima defensa- y la de las familias que hablan de ejecuciones, escenas armadas, pruebas plantadas y amenazas.

Gabriel Ganón, como defensor general de la provincia, tomó en algunos casos la representación legal de los familiares de las víctimas. Desde su lugar explica cómo funciona la estrecha relación entre el gatillo fácil y la impunidad: "La policía sabe que las ejecuciones sumarias están prohibidas y penadas por la ley con condenas muy severas. Entonces se presentan como situaciones en donde el ejercicio de la fuerza por parte de la policía está dentro del marco legal. Se manipulan las evidencias, se prepara y acondiciona la escena del crimen, se distorsionan los informes de autopsia y esto siempre está convalidado por la acción u omisión de la administración de justicia". En este sentido agrega: "La policía sabe de qué forma presentar de una manera más o menos creíble las situaciones. En todos los casos se intenta presentar en un primer momento que las víctimas estaban cometiendo delitos o enfrentándose a tiros con la policía".

Los asesinatos de Dante Fiori, de 25 años; de Carlos Godoy, también de 25; de Maximiliano Zamudio, de 16; de Marcelo Cañete, de 36; de Elías Martínez, de 18 y de Jonatan Ojeda de 17, son los casos que hasta el momento dejan ver un amplio contraste entre cada versión. En los casos de Fiori, Godoy, Zamudio y Ojeda, sus familiares y vecinos, hablaron de armas plantadas por la policía luego de asesinado los jóvenes. Los allegados de Cañete, un remisero de Ludueña, denuncian que Marcelo fue llevado por la policía con vida con un disparo en la pierna, y llegó al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez con un total de cinco disparos. Los familiares de Elías Martínez, por su parte, denuncian que el chico fue rematado por la espalda y que el arma de fuego que usó en el supuesto enfrentamiento nunca apareció. Sobre este último hecho se está cerrando la investigación con un acuerdo para el juicio abreviado. Tiempo antes de ser asesinado, Elías le había dicho a sus conocidos que estaba en la lista negra de la policía porque lo habían acusado del crimen de un sumariante de la Brigada de Investigaciones. Esto le significó transcurrir los últimos tiempos de su vida bajo constantes amenazas, pero el juicio abreviado no permitirá que estos aspectos se investiguen.

Las amenazas posteriores al asesinato de estos jóvenes también son, con frecuencia, obstáculos que deben intentar sortear los familiares en búsqueda de justicia. La causa por el crimen de Jonatan Herrera dio muchos tumbos a lo largo del primer año transcurrido desde el hecho. En la audiencia del pasado 28 de diciembre se ratificó la prisión preventiva para los cuatro policías acusados de disparar más de veinte tiros a Jonatan mientras se refugiaba detrás de un árbol. Sin embargo, los familiares de la víctima junto a organizaciones políticas, sociales y de Derechos Humanos que la acompañan, denuncian maniobras amenazantes tanto en la causa judicial como por fuera. Funcionarios municipales y provinciales manifestaron su preocupación y acompañarán a la familia en un acto que se realizará este lunes a las 9.30 en Tribunales Provinciales.

Por el hecho está imputado como autor del crimen el policía Ramiro R, mientras a Francisco R., Alejandro G. y Luis S. se los acusó por tentativa de homicidio. En la audiencia el fiscal Adrián Spelta solicitó la pena de prisión perpetua para el sindicado como homicida, mientras que para los otros tres se busca acordar en un juicio abreviado. Ante esta situación la familia Herrera salió al cruce manifestando disgusto por la maniobra que se intenta concretar. "No queremos juicio abreviado porque así se encierra todo entre cuatro paredes y no sale a la luz todo lo que pasó", contó María Elena, mamá de Jonatan a Rosario/12. "Con el abreviado se cierra el caso para la sociedad y no se puede acceder a lo que fue realmente el hecho. María Elena quiere saber quiénes mataron a su hijo", explicó además su representante legal, Cintia Garcilazo del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. En esta línea remarcó que el juicio oral y público puede avanzar sobre el esclarecimiento del hecho, que hay evidencias para llevar a juicio a los cuatro imputados y que además pueden surgir otras puntas como lo es la actuación de personal del Comando Radioeléctrico en el hecho, del cual se sospecha que intentó manipular la escena del crimen.

A través de un comunicado difundido recientemente, la familia Herrera junto a las organizaciones que la acompañan denunciaron amenazas de "personas que estarían vinculadas al narcotráfico y que cuentan con complicidad policial". Motivo por el cual la familia debió abandonar su casa en barrio Tablada y ni siquiera pueden trabajar, puesto que el sustento de la familia es la venta de torta asada, torta frita y pollo asado en la misma casa a la que no pueden volver por las amenazas de muerte. La vinculación de estos episodios con la policía tiene su raíz en el diálogo que tuvo María Elena en la Comisaría 16 cuando fue a denunciar las amenazas. "Sólo recibió respuestas intimidantes diciendo 'que vaya a buscar a la prensa' y 'que entienda que a su hijo lo mataron cuatro perejiles de la PAT'. Luego, amenazaron con detenerla allí mismo, acrecentando gravemente la desprotección policial, judicial y política que viene sufriendo esta familia.", sostiene el documento.

En este sentido indicaron: "Hacemos responsable al Gobierno Provincial y al Ministerio de Seguridad por cualquier atentado contra la vida, la integridad física o psíquica de la familia de Jonatan Herrera, de los abogados querellantes o de cualquier persona de la Multisectorial por Justicia por Jonatan Herrera".