La Oficina Fiscal de Violencia y Corrupción Policial, del Ministerio Público de la Acusación, cerró el año 2015 con más de mil causas en investigación. Solo en diciembre, se le imputó delitos a 30 policías acusados, pero en estado de libertad. Hay cuatro uniformados presos por cuestiones más graves; y los apremios ilegales son los más denunciados. Según dijo a este diario la titular del área, Karina Bartocci, la oficina recibe alrededor de diez denuncias semanales, de las cuales cuatro tienen que ver con situaciones en las que no se encuentra delito; por ejemplo, que una comisaría no tenga inpresora, o que un policía haya mirado mal a una persona. "Son muchas las acusaciones de ese estilo y creo que provienen de la desconfianza e impaciencia de la gente frente a la inseguridad", estimó la fiscal. Para el año que viene, se espera que la oficina tome el rango de Unidad Especial Fiscal (UEF), lo que la dotará de mayores recursos humanos y materiales.

En mayo pasado, el fiscal regional Jorge Baclini puso en funcionamiento la nueva oficina, dentro de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio, para investigar hechos que involucren a personal policial de manera específica. La idea de la puesta en funcionamiento es "investigar a los imputados que sean policías o personal de cualquier fuerza, que cometa delitos en el marco del ejercicio de sus funciones". Por el momento, la mayoría de los casos que se investiga tienen como involucrados a personal de la policía provincial, y comprende delitos como apremios ilegales, exacciones, cohecho y extorsión.

Desde aquel momento, la oficina acumula 1.071 causas en trámite contra uniformados. Según indicó Bartocci, varios llegarán a audiencia preliminar de juicio, en Tribunales, entre febrero y marzo. Incluso, cuatro de los efectivos acusados por la oficina permanecen en prisión preventiva: tres de ellos, por formar parte de una asociación ilícita en la subcomisaría 26º, de Villa Gobernador Gálvez, desde la que se cometían entraderas y escruches con una banda de civiles; y otro, Jonatan Puebla, sindicado por el homicidio de Roberto Arrieta, en San Lorenzo.

Bartocci indicó que la oficina no se encarga de investigar delitos como homicidios a manos de policías, ya que para ello hay una UFE, en Rosario; pero en el caso de Arrieta, que sucedió en San Lorenzo, desde el principio los fiscales de aquella regional pidieron colaboración para la investigación, y la fiscal Bartocci siguió la causa a la par del fiscal Aquiles Balbis.

Las denuncias ingresan a la oficina por tres canales diferentes: la mayoría de las causas se inician por llamadas que se registran en el 0800 de Asuntos Internos de la Unidad Regional II; desde la División Judiciales de la misma policía; situaciones denunciadas en las propias audiencias orales por personas detenidas; y a partir de los casos denunciados en el Ministerio Público de la Acusación.

La fiscal Bartocci aclaró que, los que tienen a cargo, son delitos en los que se hace "difícil obtener pruebas"; sin embargo, consideró que en este 2016 ya habrá juicios orales y públicos contra policías acusados de delitos que se agravan por su condición de funcionarios públicos. "Son quienes deberían brindar seguridad", se indicó desde la Oficina.

En cuanto a los recursos, la fiscal dijo que "están creciendo: ahora hay cuatro personas en la oficina", dijo por los tres empleados que le sumaron. En tanto, este año la oficina se transformaría en Unidad, que para la práctica será lo mismo, pero con más personal y recursos materiales, ante la cantidad y complejidad de las causas que ya tiene en trámite la funcionaria.

Sobre las "denuncias que no son delitos", como las calificó Bartocci, dijo que cuatro de las diez denuncias semanales que ingresan son por casos que -se estima- provienen de la "desconfianza" con la policía, provocada por la inseguridad. Según indicó, en los últimos días se denunció a un policía que "miró mal a una persona"; un caso en el que "hicieron esperar a un ciudadano para tomarle una denuncia"; y otro que advertía que "el móvil que patrulla determinada zona está estacionado". Normalmente son causas en las que hay depuración, pero también se intenta mediar entre el denunciante y el denunciado, "para que la gente no sienta que se desestima la denuncia sin hacer nada. Intentamos dar una respuesta", señaló la fiscal.