Según un informe del centro de estudios Concejalía Popular, que preside Nire Roldán, entre diciembre de 2013 y diciembre de 2015, los alquileres en Rosario crecieron muy por encima de la inflación. Por caso, los departamentos de un dormitorio aumentaron hasta un 68 por ciento en los últimos dos años. Pero además, los efectos de la devaluación suman preocupación en los inquilinos rosarinos que deben renovar sus contratos por estos días, con incrementos que superan el 30 por ciento. "Esto habla de un criterio de los sectores de la intermediación inmobiliara para proyectar una inflación que es muy severo. Por eso estamos sumamente preocupados, entendemos que a unos meses la situación se va a agravar", dijo Roldán, para quien "es necesario que los estados municipales y provinciales dispongan rápidamente de una herramienta para frenar estos abusos". En este sentido, desde la ONG aseguraron que continúan trabajando con el Ejecutivo municipal para avanzar con una serie de propuestas que apuntan a mitigar los abusos en los contratos.

"Un trabajador perdió con la devaluación un 30 por ciento en el mes de diciembre y se le hace inviable la renovación contractual. Si estaba pagando 3 mil pesos, ahora deberá pagar entre 4 y 4 mil quinientos. Lo que supone tener entre 16 y 18 mil pesos para renovar el contrato de alquiler. Hoy (por ayer), atendimos a un matrimonio de jubilados que pagaban 3.200 pesos y ahora le exigen 4.800, y 16.700 para los gastos del contrato, como sellado, gastos de comisión, sellado y revisión de garantías", precisó Roldán ante la consulta de Rosario/12.

En los últimos años, la mayoría de los inquilinos pactan contratos con aumentos semestrales o anuales. Para el ex concejal, "esa indexación encubierta se está haciendo con un aumento que ronda el 35 y el 40 por ciento, una costumbre que es un abuso del derecho en sí misma. Si uno va a una inmobiliaria y trata de alquilar por estos días le dicen: `si me lo seña hoy, el monto es 4 mil pesos, pero si lo seña dentro de unos días se lo tenemos que tomar con el precio de febrero con un 30 por ciento de aumento`, lo que está generando una gran preocupación".

Desde la Concejalía Popular dicen que están "muy avanzadas" las tratativas para acordar una serie acciones con el Ejecutivo Municipal y así contar con algunas herramientas en defensa de los inquilinos. Los objetivos de mínima apuntan a crear un registro voluntario de alquileres, atendiendo las problemáticas de la vivienda ociosa, de las herramientas crediticias que resuelvan el tema de las garantías y el de la coyuntura para algunos actores muy focalizados, y un servicio de atención para brindar información sobre los contratos y los abusos. El mayor objetivo es la creación del servicio público del alquiler. "Estamos trabajando fuertemente en encontrar una herramienta que resuelva el problema", señaló Roldán.

Según el ex concejal, la implementación de estas medidas no llevarán a los propietarios a retirar sus unidades del mercado de alquiler: "Entendemos que no hay que atacar el precio si no favorecer un contrato de alquiler justo, potenciando a los propietarios de buena fe, viendo si aquellos inmuebles que hoy están ociosos se pueden sumar al mercado de una manera activa. Tenemos que ayudar a los sectores que menos tienen". El titular de la Concejalía Popular remarcó "la necesidad de contar con herramientas para evitar que los contratos sean abusivos y que los aumentos no superen las paritarias o los acuerdos salariales".