Dos policías serán imputados por los delitos de falsedad ideológica e incumplimiento de deberes, al haberse detectado irregularidades con controles de una prisión domiciliaria, que el acusado incumplía y que le fue revocada. La acusación estará a cargo de la fiscal Karina Bartocci, al frente de la Oficina de Corrupción y Violencia Institucional. Los dos

agentes de la seccional 16º quedaron bajo la lupa al demostrarse que hicieron firmar en un mismo día 16 actas que constataban que un preso permanencia en su casa, ya que le habían otorgado ese beneficio, por un delito de robo con modalidad de entradera.

La maniobra fue descubierta días atrás por el fiscal Nicolás Foppiani, quien lleva adelante la investigación contra el acusado a quien se le había dado prisión domiciliaria. A través de la red social Facebook, y otros datos aportados por la Policía de Investigación (PDI), que constató las ausencias, el funcionario judicial advirtió que su detenido no estaba cumpliendo con la prohibición de salir de la vivienda. En cambio, subía fotos de una fiesta de 15 años, en el casino y otros eventos sociales a los que no podía asistir.

En esa pesquisa, se dio cuenta del accionar policial de la seccional 16º, que debía controlarlo, pero no lo hacía. Por ello, Foppiani pidió las actas a los dos policías de la comisaría 16ª, que estaban completas y firmadas por el detenido, incluso en las fechas en que se había presentado la PDI en su casa, y no lo encontraron.

Ante ello, el fiscal solicitó una pericia caligráfica, cuyo informe arrojó que las firmas del imputado correspondían a un mismo día.

Así, Foppiani llamó a audiencia oral al acusado, de 29 años, y le imputó el incumplimiento y desobediencia en 16 oportunidades, por lo que pidió que vuelva a la cárcel. Luego, dio a conocer el accionar policial y le dio intervención a la fiscal Bartocci, que la semana que viene avanzará con las acusaciones y evaluará la calificación penal del hecho.

Al mismo tiempo, se emitió un informe al Ministerio de Seguridad provincial para que inicie las medidas administrativas correspondientes contra los policías.