CIUDAD › SIETE DíAS EN LA CIUDAD.
El gobernador santafesino se embarca esta semana en duras gestiones con la Nación para tratar de bajar el costo de la energía en la provincia. El acto de señalización de la Quinta de Funes volvió a poner en evidencia a los hombres del PRO a la hora de desarrollar la agenda de DD.HH.
› Por Leo Ricciardino
Mucho se ha hablado de los 100 días del presidente Mauricio Macri, poco de los 100 días del gobernador Miguel Lifschitz y nada de los 100 días de la intendenta Mónica Fein. Es lógico. En sus 100 primeros días Macri dio vuelta el país (el tema es para qué lado). Lifschitz le puso su impronta a una continuidad de gestión y Fein es la continuidad de una misma gestión. Con todo, y para detenernos en la provincia, el gobernador se ha encontrado con un escollo que intentará sortear en las próximas horas. Pero no será un nudo fácil para desatar. Lifschitz comprobó que el tarifazo eléctrico la gente se lo carga a su administración aquí en el territorio. Si bien el mandatario explicó varias veces que Santa fe tenía previstos mil millones de pesos para comprar energía y se encontró con que ahora esa misma cantidad de electricidad valía 4.800 millones de pesos por la quita de los subsidios nacionales; los empresarios y los clientes domiciliarios no dejan de ver que la factura dice "Empresa Provincial de la Energía" y que la propia EPE sumó su cuota de angustia mediante un incremento significativo sobre el dantesco aumento nacional. La combinación resultó directamente letal para empresas y particulares.
Por ende, Lifschitz se encontrará con el ministro Juan José Aranguren para pedirle algo que desde el principio debió ser así: Una quita escalonada de los subsidios. Algo que el "sinceramiento" de la economía de la administración macrista no parece comprender en toda su dimensión.
Es cierto que un departamento de dos dormitorios en Palermo pagaba 70 pesos de electricidad por bimestre cuando uno similar ya pasaba los 200 pesos en Rosario. Muchos se alegraron por la "justicia" que la medida traía aparejada. Pero resulta que el departamento porteño sumó los aumentos a esos 70 pesos, mientras que el de Rosario los tuvo que adicionar a los 200 que ya pagaba más el incremento en la distribución de esa energía que aplicó la EPE. En consecuencia, la asimetría se mantiene.
Lo que pasó con la luz es igual a que si mañana se quitaran de golpe todos los subsidios al transporte urbano de pasajeros por las asimetrías que existen entre Buenos Aires y el interior. En Capital y alrededores el pasaje promedio pasaría a costar cerca de 10 pesos, pero en Rosario el mismo pasaje tocaría los 20. El argumento de trasladar completo a los usuarios provinciales el resultado de la quita de la ayuda nacional, no es viable y el gobernador Lifschitz parece hacer comenzado a comprenderlo.
Mañana el gobernador santafesino lanza en Reconquista su plan de Desarrollo Industrial. Un plan que fue destacado por el propio Lifschitz como uno de los ejes fundamentales de su actual gestión. La iniciativa tiene como objetivo aumentar la competitividad, mejorar la infraestructura industrial, fortalecer a las pymes y modernizar el Estado. Y para eso el Ministerio de la Producción diseñó un esquema conformado por 14 programas que destinará 1.200 millones de pesos al sector, combinando préstamos con tasas bonificadas por el gobierno provincial por 600 millones; un presupuesto de 400 millones pesos para ejecutar obras de infraestructura en parques, áreas y distritos industriales; aportes no reintegrables y una batería de herramientas técnicas para mejorar las capacidades de las empresas santafesinas, que incluye nuevos mecanismos para agilizar la atención al sector desde el Estado. A todo eso, ahora deberá sumar medidas tendientes a amortiguar el impacto de los costos de la energía industrial. Ya hay varios referentes del sector que han manifestado que de pagar 150 mil pesos de luz han pasado a invertir casi 600 mil por la misma cantidad de energía. Para muchas empresas y comercios, la ecuación resultará inviable. "Santa Fe ya es de por sí una provincia con altos costos impositivos para la producción y el comercio. Si encima estos costos se verán incrementados en porcentajes siderales por el auemento de la energía, ya no se podrá producir aquí", se quejaba por estos días un empresario del sur provincial.
En estos 100 días el gobernador Miguel Lifschitz jugó un importante partido cuando fue a sentarse frente a los senadores nacionales (es el único gobernador del país que no tiene senador propio) para decirles que avalaba el trámite de derogación de las leyes de Pago Soberano y "Ley Cerrojo", para poder pagarles a los fondos buitre. Pero su apoyo no es gratis ni desinteresado, el mandatario santafesino ya adelantó que piensa pedir autorización a la Legislatura para endeudar a Santa Fe por 500 millones de pesos. Si se viene un festival de deuda pública, ¿por qué yo tengo que quedarme afuera?, habrá pensado Lifschitz o su ministro de Economía.
En este marco el gobernador santafesino sabe además que navega en aguas turbulentas por la tensión que significa contar con un radicalismo aliado que permanentemente está mirando las ventajas de pertenecer a Cambiemos a nivel nacional y las compara con la coalición provincial del Frente Progresista. Lifschitz sabe que si mira por el espejito retrovisor allí verá la cara, cada vez más grande, del intendente de Santa Fe José Corral.
Funes, el desmemoriado
En el marco de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, y al lado de la inmensa marcha que aconteció en Rosario; el acto de señalamiento como Sitio Oficial de Terrorismo de Estado de la Quinta de Funes, pasó un tanto desapercibido. Pero en esa localidad que desde diciembre gobierna el PRO, una vez más los dirigentes del partido de Macri volvieron a demostrar que -como a su inspirador conductor- los derechos humanos no sólo le son un tema ajeno sino que además les resulta tan incómodo como desconocido.
Como lo contó Rosario/12 en su edición del sábado, el intendente Diego León Barreto se excusó de asistir por "un problema familiar". Lo reemplazó el secretario de Gobierno de Funes Ezequiel Fernández de Salvi, quien primero se comprometió a "estar a la altura de las circunstancias" y felicitó "a todos quienes vienen trabajando en esto". Salvi se excusó en la edad y señaló que "nosotros tenemos menos de 40 años y si no vivimos esa historia es muy difícil saber y poder contarla". Para luego pedir que no se haga "un hecho político de esto". En tren de ahondar en barbaridades, el secretario político del gabinete del PRO en Funes agregó que la señalización (del ex centro clandestino como Sitio de Terrorismo de Estado) contribuirá al objetivo central de la gestión actual: "Que Funes sea una ciudad turística". A esa altura, vecinos, familiares de las víctimas y organismos de Derechos Humanos no podían dar crédito de lo que estaban escuchando. Al estilo de Martiniano Molina que habló sobre trabajos de bacheo cuando le preguntaron por el Pozo de Quilmes; Salvi le encontró el costado turístico a la quinta que fue un experimento macabro del propio Leopoldo Fortunato Galtieri.
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