La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) será por primera vez como querellante en una causa de la Justicia provincial, tras ser admitido por la jueza Alejandra Rodenas. Se trata de la causa sobre las irregularidades en la investigación de la muerte de Vanesa Celma, la joven madre que resultó quemada tras una discusión con su pareja, en 2010. En el expediente están procesados el entonces comisario de la seccional 12º y dos agentes que perdieron pruebas importantes para avanzar con la pesquisa. "Este es un paso concreto para que se sepa que la pérdida de pruebas no permitió que se consiga verdad en la causa principal; y para que cualquier policía sepa que tiene responsabilidad en una causa de violencia de género, porque la Justicia recaerá sobre ellos", destacó Florencia Delnegro, presidenta de la APDH Rosario.

En tanto, la investigación se desglosó: los tres policías esperan juicio en libertad por los delitos de incumplimiento de deberes, con la Asamblea como querellante; mientras que el incansable pedido de la familia para que se investigue al concubino de la víctima, Omar Díaz, llega a la Corte Suprema con un recurso de queja contra el archivo que dictó la jueza Mónica Lamperti, el año pasado. Una autopsia psicológica será clave para avanzar en la causa principal.

Vanesa tenía 27 años, un hijo de cinco y estaba embarazada de ocho meses. La tarde del 29 de junio de 2010, Vanesa salió prendida fuego de la habitación donde discutía con su pareja. El nene salió corriendo a pedir ayuda. Por la gravedad de las quemaduras, la mujer quedó internada en el Hospital de Emergencias, donde le practicaron una cesárea de urgencia y nació una nena. Tras una agonía de cuatro meses, falleció el 22 de noviembre.

La comisaría Nº 12 intervino en el hecho, pero más adelante informó que se perdieron la ropa que tenía puesta Vanesa, las frazadas y sábanas de la cama, y las fotos que tomaron los peritos en el lugar. Por eso, aunque cinco años después, Lamperti procesó a los entonces oficiales Mariela Natalia Piccirillo y César Carlos Caraballo, por violación de documento; y al ex comisario inspector Baltazar Manchado, por incumplimiento de deberes de funcionario público.

A casi seis años de aquel suceso, la causa recayó en manos de la jueza Rodenas. Antes de pasar al nuevo sistema penal, Lamperti también archivó el expediente con respecto a Díaz.

Eva Domínguez, cuñada de Vanesa y principal luchadora por justicia en la causa, se emocionó: "Lo que queremos es sentar un precedente. Esta admisión de la APDH como querellante va a ser importante para otras víctimas de violencia de género". Al mismo tiempo, confirmó que la fiscal de Cámara, Cristina Rubiolo, presentará un recurso de queja para que se desarchive la causa contra Díaz en la Corte santafesina. Mientras tanto, Rodenas ordenó la autopsia psicológica que está en marcha y que requiere nuevas declaraciones.