Pese a la desesperación de la familia de Roberto Martelón, el vendedor ambulante que murió en diciembre tras pasar la noche en la seccional 15ª, la Justicia le rechazó el pedido para presentarse como querellante con patrocinio del defensor general, Gabriel Ganón. Así lo decidió el juez Héctor Núñez Cartelle, quien tras la negativa del fiscal Ademar Bianchini no hizo lugar al pedido. El magistrado argumentó dos cuestiones: por un lado, planteó que solo podría tomarse como parte querellante al hermano de la víctima, pero no así a su cuñada --quien también lo había pedido-- ya que no es familiar directo; por el otro, señaló que el Servicio Público de Defensa Penal no podría representar a los familiares de la víctima, porque eventualmente un imputado en la causa podría solicitar patrocinio, y habría una contradicción. Al mismo tiempo, Núñez Cartelle lamentó que aún no se haya creado el Centro de Asistencia a la Víctima, que contempla la ley de persecución penal. Ganón adelantó que apelará la decisión en la Cámara Penal.

El 16 de diciembre pasado, "Patón", como le decían a Martelón, fue trasladado por personal de la Policía de Acción Táctica (PAT) en supuesto estado de ebriedad a la seccional 15ª, de Sarmiento y Ameghino. Fue tras la denuncia de una mujer que lo acusó de orinar en la vía pública. Al día siguiente, lo encontraron totalmente descompensado dentro del calabozo, y con un cuadro de convulsiones.

Durante las primeras horas de la mañana, habían estado otros dos internos dentro de la celda que "ya lo vieron golpeado cuando llegaron", recordó Ganón. El personal argumentó una "pelea" entre internos.

Mientras estaba inconsciente, Martelón fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez donde los médicos diagnosticaron politraumatismos severos y lo hicieron entrar en coma farmacológico. En la madrugada de Navidad, el hombre falleció producto de un accidente cerebro vascular.

En su momento, la policía acusó a los dos hombres que estaban en el mismo calabozo que el vendedor, quienes en declaraciones a la Fiscalía dijeron que Martelón "empezó a temblar y le salía sangre de la boca", alrededor de las 7 de la mañana.

En el caso intervino desde el primer momento el defensor público, Ganón, quien -junto a Patricia Hidalgo, cuñada de la víctima- presentó la denuncia por el suceso en la Oficina de Corrupción y Violencia Institucional, a cargo de la fiscal Karina Bartocci. Allí se abrió una investigación para saber qué le pasó a Martelón. Se mandó secuestrar los libros de guardia de la seccional de Sarmiento al 4300 y se pidieron informes del recorrido de GPS de un patrullero de la PAT que lo trasladó a la comisaría.

Tras el fallecimiento, la causa fue tomada por el fiscal Bianchini, pero hasta el momento no hay personas imputadas. Justamente por eso se quejó la familia de la víctima días atrás, lo que los llevó a pedir constituirse como querellantes, para impulsar la causa.

Ayer, Osvaldo, el hermano de Patón, se presentó con su esposa en la audiencia. "A pesar de sus intenciones de acceder a la Justicia a través de la asistencia de un abogado de su confianza, capaz de intervenir en casos de violencia institucional, el juez rechazó la petición haciendo caso omiso al reciente fallo del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de las Naciones Unidas que ha condenado a la Provincia de Santa Fe por los obstáculos que afectan la participación de las víctimas en los procesos penales", expresaron desde el Servicio de Defensa Pública.

En su alocución, Ganón expuso que los familiares acudieron a la Defensoría "como consecuencia del derecho de saber la verdad sobre la muerte de Martelón". Al mismo tiempo, señaló que los familiares de la víctima "consideran que la Defensa Pública es el órgano que debe llevar adelante las representaciones en casos de violencia institucional y que como víctimas de un episodio así no pueden ser obligadas a acudir a una institución que depende del Poder Ejecutivo, como el Centro de Asistencia Judicial (CAJ).

Además, el defensor provincial señaló que "el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares debe ser real y efectivo". Sobre todo porque la institución que ofrece el servicio de asistencia letrada es gratuito y autónomo.

Ganón, quien adelantó a este diario que apelará la decisión, no ahorró en críticas al fiscal Bianchini y mencionó como antecedente que el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas emitió un dictamen respecto del caso que investiga la desaparición y muerte de Roberto Yrusta, en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Coronda. Allí la ONU sostiene que "el concepto de víctima tiene un carácter amplio que no puede ser restringido en función de conceptos o interpretaciones que tengan que ver con el derecho sucesorio, sino que todas las personas que sean allegados o cercanos a la víctima cuentan con la posibilidad de constituirse como querellantes", dijo sobre la negación hacia la constitución de querellante por parte de la cuñada de Martelón.