La agente de policía de 35 años detenida anteayer en el marco de la investigación por la muerte de Héctor Gómez, en 2014, fue beneficiada con arresto domiciliario y salidas laborales. Patricia A. está acusada en el expediente junto a su sobrino, Flavio P., quien era menor de edad al momento del hecho, y Alejandro F. Ayer, en una audiencia oral, el fiscal Florentino Malaponte detalló que la mujer fue arrestada luego de que se peritara el arma de la cual partieron los disparos contra el hombre de 55 años asesinado en French y Formosa, en 4 de mayo de 2014, cuando reconoció en la calle a dos sujetos que le habían robado días antes.

La prueba arrojó que el crimen fue perpetrado con el arma reglamentaria de la mujer, quien presta servicio administrativo en la comisaría 17ª. Lo más llamativo es que la policía tiene carpeta psiquiátrica -por eso hace tareas administrativas- pero está al frente de dos grados en la escuela primaria República de Nicaragua. El otro cómplice seguirá preso.

La agente quedó imputada como partícipe necesaria del homicidio y también por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Ayer, la mujer intentó despegarse del hecho aduciendo que el arma en cuestión fue entregada por ella a la fuerza, un mes antes del crimen por el que se la acusa, ya que estaba embarazada y se les obliga a entregar la pistola en esa circunstancia. Sin embargo, no quedó claro en qué momento volvió a obtener el arma, y para el fiscal es "mucha casualidad" que tras entregar el arma, ésta cayera en manos de su sobrino.

Así, el juez Gonzalo López Quintana resolvió la prisión preventiva de la agente, pero le permitió quedarse en su casa, con su bebé, y salir a trabajar, de lunes a viernes, como docente del cuarto y quinto grado de la primaria República de Nicaragua; pese a que la mujer había presentado carpeta médica a la policía, y cuando el magistrado le preguntó por qué, ella adujo que en realidad, pidió esa licencia porque no tenía con quién dejar a su hijo.

En tanto, Alejandro F. fue imputado junto con la policía, y el juez López Quintana determinó que existe "riesgo de fuga concreto" en su caso, y ordenó la prisión domiciliaria sin morigeración y sin plazo.