En la mañana del 24 de mayo del 2015, Carlos Godoy, de 25 años, murió por el impacto de dos balas policiales. Fue en la intersección de calle Garzón con el puente de Avenida Sorrento, donde termina el barrio Empalme Graneros. La versión de la Fiscalía, hasta el momento, se ajusta al relato policial: el joven quiso robarles a dos agentes y murió en el enfrentamiento con armas de fuego. Los familiares del chico y vecinos que declararon como testigos brindan otra versión y hablan de gatillo fácil y pruebas plantadas. Los dos policías involucrados están en libertad y sin imputaciones. A poco de haberse cumplido el primer aniversario del hecho, desde la querella que representa a la familia de la víctima indican que la investigación arrojó pruebas suficientes para avanzar en la imputación. Además denuncian que en el expediente hay un acta policial adulterada, lo que abona a la hipótesis de que a Carlos le plantaron un arma. Aunque para el fiscal Miguel Moreno, que encabeza la investigación, hay medidas pendientes.

Aquella mañana dos balas impactaron por atrás en el cuerpo de Carlos cuando bajaba las escaleras del puente. Se puso de pie y corrió unos metros más por un caminito de tierra que lleva a calle Garzón, donde finalmente cayó sin vida. Los dos policías involucrados son José Arturo V. y Daniel Alberto S., agentes del Comando Radioeléctrico y la Policía de Seguridad Vial respectivamente, y aquella mañana se dirigían a cumplir adicionales a una empresa de la zona. Según este relato, ambos policías circulaban en la misma moto por Sorrento cuando dos personas arrojaron un tronco al pavimento con intenciones de concretar un robo. Cuando los policías dieron la voz de alto fueron agredidos con disparos de armas de fuego y se desató el enfrentamiento. Fue entonces que los dos supuestos ladrones intentaron huir bajando por la escalera, y Carlos cayó herido. Es así que la policía explica cómo se dio la muerte de Carlos, a quien según el expediente le secuestraron un revólver calibre 22 largo y en el bolsillo del pantalón tres cartuchos intactos de la misma arma.

El mismo legajo indica que Carlos llevaba consigo su último recibo de sueldo de uno de los dos trabajos que tenía. De lunes a sábados, de ocho de la mañana a dos de la tarde, hacía tareas de maestranza en una distribuidora de alimentos de Provincias Unidas al 700, y por la tarde trabajaba en un taller mecánico. Sobre este argumento se apoya el padre del chico, Vicente, un cura evangélico de 62 años, para decir que su hijo no estaba robando. Pero también se apoya en el testimonio de los vecinos que dicen haber visto el hecho y declararon ante el fiscal. Esta versión indica que Carlos bajaba la escalera cuando fue alcanzado por el disparo que efectuó uno de los policías afirmado a la baranda, y que luego fue ultimado mientras pedía por favor que no lo mataran. Este relato no descarta el intento del robo, incluso una vecina dice que vio a los ladrones huyendo y hasta puso sus nombres de pila a disposición del fiscal. También dice que vio a la policía plantándole el arma a la víctima.

Sobre este punto, Analía Abreu, abogada querellante en representación de la mamá del hijo de la víctima, asegura que son amplias las posibilidades de que a Carlos le hayan plantado un arma. En el expediente hay dos actas policiales idénticas, ambas con el número 1595 y firmadas por el mismo comisario. Una es copia de la otra, pero tienen una diferencia sustancial: una copia cuenta con el agregado que indica el secuestro del 22 largo a la víctima. Según Abreu, el policía que escribió el acta explicó que aquella mañana en la escena del crimen anotó en una libreta lo que luego transcribiría en el parte policial, pero que el detalle del revólver se lo había olvidado y luego lo agregó. "El arma pudo estar plantada. Se llegan a ciertas dudas razonables sobre el actuar policial. Es un acta completamente adulterada en una de las partes más importantes que es la portación de arma. Se le dio tanto valor que por esa acta se sostiene que Carlos estaba armado", explicó Abreu a Rosario/12. El mismo acta tiene otro detalle: dos firmas diferentes por parte del mismo comisario, quien explicó que suele permitir a su secretaria firmar por él.

Para Abreu están dadas las condiciones para imputar a los policías involucrados. "Tenemos una teoría del caso distinta al discurso policial. Hay un joven muerto por la espalda y desarmado. A eso llegamos en dos meses en la causa y es un empujón para que Moreno pida audiencia imputativa", dijo. Desde la Fiscalía de Homicidios informaron que hay medidas investigativas por delante. La querella solicitó una pericia caligráfica para especificar cuál era la mano hábil de Carlos, con el fin de dejar en claro si el arma encontrada en el cadáver fue o no plantada. La Fiscalía, continúa trabajando en una reconstrucción del hecho junto a la Policía Federal, a través de una planimetría en 3D según indicaron.

Abreu apunta una crítica a la Fiscalía de Homicidios por cómo se encaran las investigaciones en casos de violencia institucional. "Se prepondera en la teoría investigativa a la versión policial, y se encaminan a sostener y comprobar eso. Es el resabio del viejo sistema (procesal penal), del viejo juzgado de instrucción que tenía un sumariante que se dedicaba a eso. Hoy se ve trasladado a la Fiscalía", analizó. "A la Fiscalía le llega un acta policial con testigos, levantamiento de rastros, datos de la escena del hecho. Lo primero que llega es el discurso policial y no se logra afirmar otro discurso", agregó. En este sentido, dijo: "Nosotros sostenemos que es el Estado el que utiliza al mismo Estado, en carácter de agente policial, para terminar con la vida de un pibe. Son causas en las que la policía está involucrada como posibles homicidas, pero se investiga a sí misma. Así es más fácil garantizar la impunidad".

En los casos de homicidios a mano de la policía, si la versión de la fuerza habla de un intento de robo suele imponerse en las investigaciones un punto de partida determinado por los antecedentes de la víctima. "Muchas veces el camino es ver qué grado de responsabilidad tuvo en distintas ocasiones la misma víctima. En algunos casos, haber atravesado instancias legales en el transcurso de sus vidas no los habilita después a tener la posibilidad de una investigación", analizó Abreu, quien como parte del equipo jurídico de la Asamblea de Niñez y Juventud trabaja en otros casos similares. Las investigaciones se inclinan a avanzar o a estancarse según el accionar de la víctima. Cuando en la versión policial prevalece que hubo intento de robo con enfrentamiento, el rol de la policía tiende a quedar amparado en el uso de la legítima defensa.

Por eso de Carlos se dijo, de primera mano, que estaba robando y se había tiroteado con la policía. Por eso el informe que la Subcomisaría 20 elevó al Departamento Científico Forense posiciona a Carlos como imputado bajo la descripción N/N y los nombres de los policías involucrados aparecen en el casillero de las víctimas. Por eso en un inicio de la investigación la Fiscalía inició actuaciones por tentativa de robo calificado y resistencia calificada a la autoridad y dejó libre a los policías. A Carlos ya lo habían sentenciado a muerte cuando se le imputó ese delito.

"Hay categorías de víctimas", resumió Abreu. Incluso en el plano social es llamativa la repercusión que tienen estos hechos. Cuando la inocencia de la víctima es un aspecto claro, el cuestionamiento de la sociedad a la policía toma más fuerza e incluso es más certero el impulso para salir a las calles a exigir justicia. A las organizaciones sociales y políticas que suelen posicionarse en torno a estos casos contra el accionar de las distintas instituciones estatales, se les planta el desafío de torcer el discurso instalado que, por los antecedentes de las víctimas, termina legitimando un accionar desmedido. Vicente Godoy recibe el primer aniversario del asesinato de su hijo con una pregunta: "¿Dónde está la ley que dice que ellos tienen el derecho de quitarle la vida a un ser humano por la espalda?".