Vie 29.09.2006
rosario

CIUDAD › CINCO JEFES PENITENCIARIOS DE LA CARCEL DE CORONDA

Con pedido de destitución

Un sumario administrativo pedido por Bortolozzi confirmó que hubo participación, facilitación y hasta complicidad por parte del personal penitenciario en la llamada masacre de Coronda.

› Por José Maggi

El director del Servicio Penitenciario provincial, Jorge Bortolozzi, pidió la destitución de cinco jefes penitenciarios que estaban a cargo de la cárcel de Coronda el 11 de abril de 2005, cuando fueron asesinados 14 presos, ante la "supuesta complicidad o colaboración con el accionar llevado a cabo con el grupo de internos sublevados". Se trata de quien era el máximo responsable de la unidad, Alcalde Mayor Oscar Mansilla, su segundo, el subprefecto Carlos Monti, el subalcalde Marcelo Calligaro, jefe de vigilancia, el alcalde Daniel Ferreyra, jefe del ala norte del penal y el subprefecto Manuel Benegas, jefe de Correccional. Mientras al celador Oscar Yosviak (quien fue tomado de rehén) se le aplicó una suspensión de 10 días y a su compañero Eduardo Marchesin, un medida similar pero por 30 días.

Bortolozzi explicó a Rosario/12 que "esta resolución implica básicamente que se ha investigado y se han acreditado hechos que son faltas administrativas, y por las que he pedido una de las máximas sanciones del régimen disciplinario que es la cesantía, lo que implica la destitución de su cargo". El jefe penitenciario aclaró: "No nos metemos con hechos que pueden ser delitos, que será menester del juez de instrucción investigar".

El funcionario se refería a un tramo del sumario administrativo en el cual figuran testimonios de internos que indican la participación, facilitación y hasta complicidad por parte del personal penitenciario y que deberá investigar ahora el juez de instrucción penal Nº 5 de Santa Fe Darío Sánchez.

Bortolozzi aclaró que las cesantías implican la destitución de los cinco nombrados aunque para llevarlas a cabo el gobernador Jorge Obeid deberá firmar el decreto correspondiente.

Según se desprenden de las testimoniales del personal penitenciario, hubo una serie de medias que "contribuían a generar un clima de permanente inseguridad: un régimen de visitas a los internos inapropiado disponiéndose visitas en lugares comunes de pabellones que tenían conflictos; la autorización por los Jefes de reiteradas audiencias entre los delegados de internos (días antes al 11 de abril). También requisas infrecuentes: en algunos pabellones cada quince días, o más y desorganizadas".

Se realizaban recorridas muy esporádicas por parte de los superiores (algunos ni siquiera ingresaban a los pabellones) lo que reflejaba ausencia de control, y desconocimiento sobre el estado del penal y la población. Tampoco se impartían academias por parte de los Jefes a los subalternos existiendo una absoluta falta de capacitación en el personal.

Y no había una planificación de actividades concretas para el caso de motines, tumultos o hechos de esta naturaleza.

Los imputados son:

* Mansilla y Monti. "No implementan las medidas de seguridad necesarias en materia de seguridad en virtud de sus cargos, que le fueran requeridas por la Jefatura de Correccional y que hacían al mejoramiento de la seguridad del personal y del sector, donde luego el día 11 de abril de 2005 se originaron los hechos que dieron motivo a estos autos".

* Ferreyra. No adoptó las medidas adecuadas para evitar la vulneración de los dispositivos de seguridad y vigilancia.

* Calligaro. Debía supervisar el estado de las celdas, disponer el control y requisa de todo elemento que ingrese al penal, adoptar previsiones inmediatas en casos de alteración del orden". Pero "luego de ocurridos los sucesos, se secuestraron setenta y seis elementos punzo cortantes, elementos tipo ganzúas y otros objetos contundentes con los que se vulneraron los dispositivos de seguridad, circunstancias claramente indicativas, de que Calligaro omitió arbitrar los mecanismos conducentes a evitar el ingreso y/o circulación de objetos peligrosos en los diversos sectores de la Unidad".

* Benegas. "Incurrió en diversas violaciones reglamentarias que constituyen la comisión de faltas a la seguridad, orden administrativo y servicio. De las declaraciones testimoniales rendidas por distintos empleados que se desempeñaban en la Unidad como celadores o auxiliares, se desprende la deficiente organización del sistema de requisas, ya que las mismas eran insuficientes, discontinuas y espaciadas".

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