Familiares de víctimas de violencia policial, junto a organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, protestaron ayer frente a la sede de Gobernación, durante una capacitación sobre la temática, y entregaron un petitorio al fiscal general Julio De Olazábal. Las banderas con el reclamo de justicia fueron colgadas en la plaza San Martín. Hasta allí llegaron las familias con el pedidos de avance en las diferentes causas de "gatillo fácil", que tienen como víctimas a muchachos jóvenes, de sectores populares. "La violencia institucional es un fenómeno extendido y sistemático que generó 15 víctimas en 2015 e incluye desapariciones forzadas de personas", expresaron en un documento. De Olazábal escuchó a los deudos y acordó recibir a sus abogados. La protesta apuntó a la "inadecuada e insuficiente respuesta judicial" porque hay causas que, incluso, "no se trabajan", reprocharon. El jefe de los fiscales de toda la provincia les pidió que eleven quejas sobre esos casos de desatención o malos tratos para que se pueda accionar y hasta sancionar al personal sindicado. También apuntó a crear fiscales especiales de persecución penal contra el personal policial, donde el investigador no esté contaminado.

Mientras adentro de Gobernación fiscales, jueces, funcionarios provinciales y especialistas participaban de la jornada de capacitación "Estrategias para el abordaje de la problemática de la violencia institucional" --que incluyó la disertación del el exministro de la Corte Nacional, Eugenio Zaffaroni--; afuera, una manifestación exigió justicia por sus los crímenes de "gatillo fácil".

"Queremos solicitarle una reunión a De Olazábal y a Zaffaroni, en el marco de esta jornada convocada por el Ministerio Público de la Acusación, que dejó afuera a las víctimas de estos casos. Nos parece un grave error y habla de una falta de autocrítica. En el temario no aparecen los homicidios enmarcados en violencia institucional. El tema no aparece", se quejó Salvador Vera, abogado de la Asamblea por la Niñez y la Juventud --que patrocina a varias familias--. "Hay muchos problemas para acceder a las causas por parte de las víctimas que no tienen representación jurídica. Es difícil quebrar el posicionamiento de los fiscales en cuanto a esta temática, porque generalmente van en la misma línea que las versiones policiales, cuando los agentes son los autores de las violaciones a los derechos humanos", planteó.

Al Gobernación llegaron familiares de Franco Casco, Gerardo Escobar, Jonatan Herrera, Carlos Godoy, Alejandro Ponce, Brandon Cardozo, Maximiliano Zamudio y Jonatan Ojeda, todos jóvenes de entre 16 y 23 años que fueron víctimas de homicidios a manos policiales, en el último año y medio. Estos presentaron un petitorio con la firma de Amsafé Rosario, la Asamblea, la Campaña contra la Violencia Institucional, la Cátedra de Criminología de la UNR, Causa Organización Popular, Fundación Igualar, Movimiento Evita, la Cámpora, Nuevo Encuentro, Patria Grande y el Frente de Izquierda, entre otras organizaciones. "Venimos denunciando patrones de respuesta policial y judicial inadecuados, que producen impunidad. En la mayoría de estos casos, las primeras medidas las realiza la policía. Ese inadecuado abordaje tiene como resultado la impunidad y la reiteración de casos", lamentaron en el escrito.

Minutos después de que empezara la protesta, De Olazábal salió al hall de Gobernación y escuchó los reclamos. La familia de Jonatan Herrera le relató cómo uno de los cinco policías acusados por el homicidio del joven cerró un juicio abreviado --que fue apelado-- por el delito de abuso de armas, cuando en principio había sido sindicado de tentativa de homicidio. Por su parte, los padres de Godoy le dijeron que la fiscalía no los acepta como querellantes en la causa. También los abogados de la Asamblea por los derechos de la Juventud le plantearon la gravedad de la situación en cuanto a las muertes de jóvenes de sectores populares en manos de la policía, como así las diarias agresiones que sufren.

De Olazábal aclaró que como fiscal general la ley le prohíbe impartir instrucciones por casos específicos, sino solo en general, por lo que acordó reunirse dentro de diez días con los letrados, para encontrar una solución a sus reclamos. "Debemos reconocer que el problema es institucional, pero hay que modificarlo. Una de las formas es crear una fuerza de investigación distinta". Sobre los juicios abreviados, dijo que dio "expresas instrucciones para que se escuche a las víctimas antes de cerrar estos juicios", planteó. Y agregó: "Si han recibido trato descortés por parte de los fiscales me lo tienen que hacer saber, porque eso es incorrecto". Según consideró, estas cuestiones "pueden tener que ver con la falta del cargo de auditor de los fiscales. También incide que no se hayan cubierto todos los cargos de fiscales, pero esta no es una respuesta que yo le pueda dar a las víctimas".