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Esta semana será clave para conocer hasta qué punto la impactante marcha "Rosario sangra", que reunió a miles de rosarinos clamando por seguridad, ha modificado los distintos paradigmas en políticas públicas para combatir el delito. Se conoce ya que al menos tres medidas se activaron en la cabeza del gobernador Miguel Lifschitz: comprar más patrulleros, dar marcha atrás con la decisión de no pedir refuerzos federales y retocar al menos un par de leyes penales para -por ejemplo- limitar las excarcelaciones. Este último punto es el que más opiniones divididas encuentra hacia el interior del propio Frente Progresista que deberá impulsar y apoyar las modificaciones en el pleno de la Legislatura.

"No sea que terminemos como en la época de Blumberg, que al calor de la demagogia y presionados por el reclamo popular; los legisladores nacionales aprobaron a las apuradas un sancocho de leyes penales que no resolvieron nada", recordó con cierta oportunidad un legislador provincial del oficialismo luego de la improvisada reunión de esta semana con el propio gobernador. En ese encuentro se suponía que se iba a tratar también la posibilidad de que Santa Fe adhiera al blanqueo de capitales que puso en marcha el gobierno nacional. La urgencia hizo que ni siquiera se llegue a hablar de ese tema.

Mañana los ministros de Seguridad Maximiliano Pullaro y de Justicia y Derechos Humanos Ricardo Silberstein concurrirán a la cita que tienen en la Cámara baja. Pero lejos de parecerse a una interpelación por la urgencia que plantea la inseguridad en la provincia, será una amable charla que a lo mejor ni siquiera se desarrollará en el recinto. Probablemente, la oficina del presidente de la corporación, Antonio Bonfatti termine siendo un lugar más acogedor para quienes deberían ser sometidos a un profundo interrogatorio por las cosas que no hicieron, las que se hicieron a medias y las que se hicieron muy mal para terminar conformando el actual panorama.

Entre las medidas que ya expuso el propio gobernador hay al menos dos que abren un espacio para el reproche. ¿Por qué a esta altura y luego de los refuerzos presupuestarios y los constantes reclamos se reconoce que hacen falta unos cien patrulleros más para Rosario? Y la otra: admitir que deben volver las fuerzas federales a la ciudad después de que el propio Lifschitz prácticamente las expulsara para no deberle nada al gobierno nacional. En este punto, el socialismo se manejó siempre en medio de la misma contradicción: quiere a Gendarmería y a Prefectura actuando en la ciudad pero los quiere sin que nadie se los facture políticamente. A esta altura deben saber que ese escenario no existe. Si llegan las fuerzas federales en un buen número como para cubrir el territorio es por la ineficacia de la propia policía provincial y eso será destacado permanentemente por el poder central del turno. Así lo hizo el kirchnerismo y así lo hace Cambiemos.

Hay siete mil efectivos federales sólo en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Rosario debería contar con al menos 1300 que se sumen a los 400 que tienen parada permanente en el territorio. Esto implicaría admitir que no alcanza con la propia policía ni desde el punto de vista de la eficacia y ni siquiera del numérico. Y esta admisión sí tiene un costo político que también hay que calcular y en todo caso afrontar. A la larga, nadie recordará quien es el responsable del refuerzo en seguridad y los vecinos sí verán algún uniforme con cierta regularidad entre los límites de su barrio.

Hay cierta hipocresía en la materia. La altísima demanda y sensibilidad en el tema hace oscilar a la dirigencia política. Un día se dice que la seguridad no es asunto de más policías, pero cuando la gente hace tronar el escarmiento van corriendo a ver cómo pueden hacer ver que la policía está presente para cubrir esa demanda.

Esa oscilación también se da en las cuestiones numéricas de la tropa. Se miente con la cantidad de gendarmes o prefectos presentes en el territorio, se engaña con los patrulleros y a veces hasta se reconoce que no hay quién maneje esos patrulleros. La policía aparece y desaparece al ritmo del reclamo social. Por ejemplo, dos días antes de la masiva marcha frente a los Tribunales y la sede del Gobierno provincial en la ciudad, reaparecieron como por arte de magia los pequeños patrulleros eléctricos que deambulan por las peatonales. Los dos cochecitos hacía años que no se los veía andar a ninguna hora. La misma Guardia Urbana Municipal se apostó pasadas las 9 de la noche con camionetas en las intersecciones de las peatonales cuando nunca habían estado allí mientras se cometían todo tipo de delitos una vez cerrados los negocios a las 8 de la noche. Los patrulleros policiales comenzaron a ir y venir por las avenidas cuando nunca se ven tantos circulando. Es decir, un circo demasiado evidente como para tranquilizar realmente a alguien. Un montaje que no es sustentable en el tiempo y que termina por irritar.

La propia municipalidad salió a plantear más controles a las motos y sus conductores que -se sabe- tienen responsabilidad en gran parte de los delitos diarios que se cometen. Pero el que hace la promesa es el mismo municipio que no puede sostener dos días seguidos un operativo de tránsito en Mitre y Rioja donde se hacen obras de la EPE y es un verdadero caos vehicular cerca del mediodía. Es la misma municipalidad que no puede sostener más de una semana, cuando comienzan las clases, la presencia de efectivos para que eviten la doble fila frente a los distintos establecimientos educativos. Es la misma municipalidad que mantiene la misma planta de inspectores de tránsito de la década del 90 cuando el parque automotor se cuadriplicó en todos estos años. Es la misma municipalidad que no quiere admitir que los controles son imposibles sin gente, que clama desesperada para que la autoricen a labrar multas con las cámaras.

Respecto al número de personal de control y a la propia policía hay una anécdota que pinta entero el panorama. Unos años atrás, cuando se inauguró con bombos y platillos el nuevo servicio de emergencias 911 había unas 50 policías mujeres que habían sido especialmente capacitadas distribuidas en los distintos boxes para atender las demandas urgentes de la población. A los dos meses de esa inauguración, un funcionario del gobierno volvió a visitar el lugar. No quedaban más de 20 de esas mujeres policías. El resto había sido reclamado por las distintas comisarías, a veces por real necesidad de personal, otras por comodidad y cercanía del personal a sus domicilios.

Un joven policía se cruza con este cronista el viernes y le dice: "Yo quería ir a la marcha pero los jefes nos dijeron que ni de civil nos arrimemos. Las cosas no están bien, nosotros tenemos a muchos pícaros dentro de la fuerza pero tampoco nos ayudan demasiado. Pertenezco a una seccional policial céntrica que hace tres años no tiene gas natural. No digo que sea fundamental para la seguridad, pero ni un mate te podés hacer". Como diría Charly García, "say no more".

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