"El arribo de gendarmes nacionales a la provincia, la sucesión de tres jefes de policía en ocho meses, la cantidad de homicidios que nos ponen por encima de la tasa media nacional, pone de manifiesto el fracaso de las políticas en materia de seguridad en los sucesivos gobiernos del Frente Progresista". Así se despacharon ayer los máximos referentes del Partido Justicialista, que estrenaban conducción partidaria. Pero no solo la seguridad sino también el desempleo estuvieron al tope de la agenda. "La ausencia de un modelo productivo para la provincia y la transferencia de recursos de las obras públicas para cubrir el tarifazo", figuraron entre los reproches públicos.

"Los dirigentes de la UOM del sur advirtieron que peligran 7.000 puestos de trabajo de acá a fin de año. Los de Smata también presentaron un panorama muy desalentador", reseñó Ricardo Olivera, flamante presidente del PJ santafesino.

En rigor Olivera había convocada al Consejo Ejecutivo provincial a un plenario para discutir la postura ante el proceso de reforma constitucional que abrió el gobernador Miguel Lifschitz. Sin embargo, el encuentro giró hacia la discusión sobre la inseguridad en la provincia, las advertencia de consejeros gremiales sobre pérdidas de trabajo y las quejas de intendentes y presidentes comunales por la pérdida de recaudación de los últimos meses.

A través de un comunicado oficial, el PJ planteó un mensaje claro y exhortó a sus integrantes a poner la mirada en la situación económica y social que se vive en la provincia. Frente a la coyuntura social de Santa Fe, sostienen "la poca preocupación del gobierno del Frente Progresista ante las economías del delito, el constante avance del narcotráfico, los contínuos aumentos de los impuestos de los últimos años".

También se hizo mención a la situación nacional: "Las medidas tomadas por el gobierno nacional atentan contra los derechos del trabajo, el capital nacional y el mercado interno, que conlleva al debilitamiento de las economías regionales, la pérdida de empleo, la puesta en jaque a PYMES, con consecuencias socio-económicas insalvables".

En cuanto al planteo de reforma constitucional, los principales expositores del justicialismo expresaron estar predispuestos al diálogo, y abrir el debate pero no tomaron posición, ya que argumentan que la decisión debe ser conjunta, luego de una ronda de consultas y el llamado al congreso partidario.

"Entendemos que no es un tema prioritario en este momento", dijo Olivera, aunque en las próximas semanas empezarán las consultas a afiliados. "No le sacaremos el cuerpo a discutir una posible reforma constitucional, pero no parece ser este el momento adecuado donde la población santafesina tiene como prioridades defender su fuente laboral y clama medidas para vivir en forma más segura", remató el presidente de PJ.

El otro tema que surgió del encuentro fue la queja constante de intendentes y presidentes comunales por la caída de ingresos que se viene produciendo en sus distritos producto de la menor actividad. "Muchos de ellos han planteado problemas para pagar sueldos y estiman que el panorama no cambiará en los próximos meses", resumió Olivera.