El Concejo Municipal aprobó ayer una declaración de rechazo al ascenso de Pablo Andrés Akerman como coordinador en el ámbito de la Secretaría de Gobierno, firmado por la intendenta Mónica Fein. Se trata del funcionario que está imputado en la tragedia que costó la vida de una persona en el Café de la Flor. La iniciativa, de la edila Fernanda Gigliani, fue acompañada por la mayoría de los bloques políticos del Concejo.

En octubre de 2015, tras sufrir una descarga eléctrica, falleció el músico Adrián Rodríguez en el bar Café de la Flor. El agente del área de Inspección Municipal que controló las instalaciones eléctricas del bar y firmó la habilitación para su funcionamiento, Akerman, días atrás fue ascendido por la intendenta al cargo de coordinador de la Dirección de Habilitación.

"En este hecho hay una gran carga simbólica que no puede ignorarse, porque si bien hasta ahora el acusado sólo está imputado en la causa judicial, hay una realidad que es innegable, como es que esa imputación se da en el marco de un hecho en la que una persona perdió la vida. Es en ese contexto -y no en otro- en el que Mónica Fein decidió que el funcionario acusado debía ser ascendido a un cargo de mayor responsabilidad y de índole político", señaló la concejala autora del proyecto.

Gigliani explicó que por el nuevo cargo, Akerman tendrá la facultad de autorizar cuestiones técnicas en comercios para que puedan ser habilitados. "Es un contrasentido, un premio que suena a chiste, pero no lo es", dijo. Y agregó: "Venimos planteando que hay una crisis muy seria en las áreas de control, y como vemos, estamos ante un gobierno municipal que parece premiar la desidia, la omisión y la negligencia".

Lo que preocupa, según palabras de la concejala, es que este tipo de procedimientos no son nuevos en la administración municipal: "Ya lo vimos en la tragedia del International Park, cuando la intendenta decidió sacar de escena a un funcionario relacionado y 'reconocerlo' con un alto cargo en el gobierno de la provincia".

"Entiendo como altamente cuestionable que un gobierno, lejos de tomar acciones ejemplificadoras, se muestre -no ya indiferente- sino propenso a premiar a funcionarios cuyas intervenciones son en principio cuestionables, burlándose en la práctica de toda la ciudadanía y especialmente de los familiares y amigos de las víctimas", dijo Gigliani.

La acusación judicial a Akerman es por incumplimiento de los deberes de funcionario público con falsificación ideológica de documento. Por esos cargos la fiscal Valeria Piazza pidió tres años de prisión en ejecución condicional y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La Comisión de Gobierno --integrada por Gigliani, Norma López, Caren Tepp, Pedro Salinas, Juan Monteverde, Marina Magnani, Jorge Boasso, Lorena Gimenez Belegni, Eduardo Toniolli, Carlos Cardozo, Agustina Bouza, Gabriel Chumpitaz, Celeste Lepratti, Renata Ghilotti, Osvaldo Miatello, Carola Nin, Carlos Cossia y Diego Giuliano-- había aprobado el proyecto de Declaración.