La asociación civil "Capibara. Naturaleza, derecho y sociedad" cuestionó ayer mediante una nota en la Cámara de Diputados el proyecto del diputado provincial Antonio Bonfatti para reformar la ley provincial 10.000 de intereses difusos. "Con la modificación propuesta se destruye la esencia y sistema de la ley 10.000, un instrumento legal que se anticipó no solo a la legislación sobre intereses difusos asociadas a temas ambientales y de protección del usuario y consumidor, sino también a la reforma constitucional de 1994, y por el cual nuestra provincia de Santa Fe ha sido reconocida en todo el país y América Latina por estar a la vanguardia de la legislación protectoria de los derechos colectivos fundamentales", afirma el documento firmando conjuntamente con el Centro de Protección de la Naturaleza (Cepronat) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en donde se analiza exhaustiva y críticamente cada uno de los artículos que se pretenden reformar.

Asimismo, estas organizaciones solicitaron una audiencia ante la comisión de Asuntos Constitucionales para explicar junto a otras organizaciones no gubernamentales de la provincia, cuales son las principales objeciones a la reforma impulsada.

"El proyecto -sostienen- pretende modificar puntos muy sensibles de la aludida ley, llegado incluso a desnaturalizar la esencial del sistema, el cual se basa en la posibilidad de que todo/a ciudadano/a, organización no gubernamental o entidad intermedia pueda cuestionar o impugnar las decisiones, actos y/u omisiones administrativas del Estado en todos sus niveles (provincial, municipal, comunal, organismos descentralizados, personas privadas ejerciendo funciones públicas, etc.)". La ley 10.000 supone una forma de control difuso que permite a la ciudadanía "decir algo" sobre las actividades del estado.