Ramón "Monchi" Machuca fue procesado ayer como jefe de la asociación ilícita que lidera la banda de Los Monos, donde hay más de 40 implicados; incluso, policías. El fallo de la jueza Alejandra Rodenas también alcanzó a Mariano "el Gordo" Salomón, acusado como integrante del clan. Ambos fueron detenidos en los últimos meses, tras permanecer prófugos más de tres años. Si bien en la causa quedan dos personas prófugas y una evadida con condena en juicio abreviado, a más de tres años del inicio de la investigación se cerró una etapa de la causa, y ahora los mayores responsables (Monchi y Ariel "Guille" Cantero como jefes) llegarán al banquillo de los acusados en juicio oral y público, con otros imputados. Machuca también está sindicado en casos de homicidio (Lourdes Cantero, Diego Demarre, Nahuel César y Marcelo Alomar), que todavía están en la etapa investigativa. "Ya se podría fijar fecha de juicio por la asociación ilícita. Es un día importante para la justicia de la provincia, porque se le da un cierre a esta parte de la causa, con aseguramiento de la prueba", dijo Rodenas.

Machuca fue detenido el 6 de junio pasado, en Buenos Aires, después de permanecer prófugo durante toda la investigación que inició el juez Juan Carlos Vienna, tras la muerte de Martín "Fantasma" Paz -no esclarecida-. Desde la clandestinidad, el imputado se jactó de tener el apodo de "Mabu", por "el más buscado". En canales de televisión bonaerenses repitió que "la droga en Rosario la maneja el poder político y el poder judicial".

La jueza le achacó los delitos de asociación ilícita agravada (por ser jefe), atentado contra la autoridad agravado, amenazas coactivas agravadas, tenencia de arma de guerra y encubrimiento agravado; y trabó embargo por 10 millones de pesos sobre sus bienes.

Pocos días después de la caída de Machuca, también se logró la captura de Salomón, en Buenos Aires. A éste se lo procesó como miembro de asociación ilícita y encubrimiento agravado. Además, se le trabó embargo por un millón de pesos. A ambos se les convirtió en prisión preventiva la detención que venían cumpliendo. "Siguen presos, no van a ser excarcelados", aclaró Rodenas en conferencia de prensa. Y reivindicó el rol de ciertos sectores de la policía provincial que ya tenía el dato de dónde estaban los prófugos, cuando fueron arrestados.

La magistrada indicó que la asociación ilícita se probó "básicamente a través de las escuchas telefónicas". En ese sentido, rescató que si bien fueron obtenidas por la Brigada Operativa de la División Judiciales, que "tuvo actuaciones poco felices", se hizo una "segunda depuración" en aquellos audios que se usaron en la primera resolución, del juez Vienna, cuando procesó a 36 integrantes de la banda. Las desgrabaciones hablan de una "marcha" armada por Monchi en la comisaría 15º (cuando mataron a Caracú Navarro), en mayo de 2013; el rol de los Cantero como proveedores y poseedores de armas de fuego en la zona sur y demás cuestiones que lo colocan como jefe, ya que muchas personas de su entorno y personal policial le rendían cuentas.

En el fallo se da cuenta de la declaración de un testigo de identidad reservada que describe la estructura de la banda. "Los Cantero manejaban La Granada, Las Flores, 17 de Agosto", y refiere que allí "no entraba ni la policía". Alude a otros negocios: "Manejan los remises truchos que trabajan en el casino, así como el estacionamiento por fuera de éste". Sobre Machuca dijo que "era un chico de la calle y los Cantero se lo llevan a vivir con ellos, recién Monchi vuelve a tener contacto con su familia natural de grande. El Ariel -Viejo Cantero- y la Cele (procesados) lo quieren como un hijo. El Pájaro (asesinado) lo quería pero después le empezó a desconfiar"; y agrega que "Guille no lo quería. Siempre hubo un celo entre Monchi y Guille, los que andaban con uno no andaban con el otro". Según el testigo, "el Monchi siempre fue el más ambicioso, siempre fue por más".

En la banda quedan dos personas prófugas, el apodado "Alita" (Gerardo Vieiras), como intermediario en la compra de dólares, gestor de acuerdos con policías, e informante territorial; y otro de apellido González, encargado de contacto con comisarías que corresponden a los bunker.

El fallo expresa que "lamentablemente, no todos los empleados policiales que trabajaban para Machuca pudieron ser identificados, porque entablaron pocas comunicaciones, o porque se cuidan de aportar datos suficientes para su identificación".