El fiscal Sebastián Narvaja -a cargo de la megacausa de fraude inmobiliario y lavado de activos- aclaró ayer que la libertad bajo fianza con la que se benefició a dos de los once detenidos "excluye cuestiones de responsabilidad, y en cambio se centra en cuestiones de peligro procesal". La medianoche del martes la jueza Mónica Lamperti resolvió dejar en libertad a Pablo Abdala, gerente general de La Capital y al escribano Luis María Kurtzemann (h), tras el pago de 800 mil pesos de fianza. Los dos imputados tienen prohibición para salir del país, deberán fijar domicilio y presentar garantes, además de estar obligados a presentarse cuando la Fiscalía lo requiera. Para el resto, también hubo diferencias de criterio: Lamperti dictó prisión preventiva para Jonatan Zárate y el agente de bolsa Jorge Oneto por 30 días, mientras que el agente de autos Juan Roberto Aymo, el sindicalista Maximiliano González de Gaetano, el empresario Leandro Pérez, el escribano Eduardo Martín Torres, el contador Marcelo Basilio Jaef, deberán permanecer detenidos al menos por 60 días, mientras que Ramona Rodríguez continúa con prisión domiciliaria por el cuidado de su hija.

"Tenemos la estantería del depósito judicial completa, llena de computadores, teléfonos celulares y documentos secuestrados en los allanamientos de la semana pasada", precisó Narvaja.

Explicó que las liberaciones no implica una valoración distinta sobre los imputados: "Creo que en el caso del señor Abdala, es probable que se haya tenido en cuenta el hecho de que estaba afuera del país y volvió, y en el caso del escribano Kurtzemann se habrán tenido en cuenta otras cuestiones".

"La investigación --explicó-- se inició con la primera denuncia de una de las víctimas hace dos años, en ese lapso de tiempo entre las evidencias que se han producido fue una intervención telefónica, eso no quiere decir que tuvimos a todos los imputados durante dos años y medio con los teléfonos intervenidos", explicó Narvaja. Lo dijo luego de que en la audiencia imputativa, un abogado defensor planteara como un hecho grave que se "pincharan" los teléfonos de los sospechados.

En relación con los elementos de prueba recabados durante la serie de allanamientos efectuados el pasado miércoles, señaló: "La imputación de asociación ilícita la hemos fundamentado en la denuncia que ya hemos hecho. Nuestra obligación no es hacer imputaciones especulando en qué vamos a obtener para adelante sino teniendo en cuenta lo que tenemos analizado hacia atrás".

Narvaja reveló que se pidió al Registro de la Propiedad que "inicie las actuaciones pertinentes para determinar si los controles que se ejercieron fueron los adecuados o si hubo una liberación de esos controles que facilitó las maniobras en cuestión". Ayer se conoció que una empleada con 30 años de trayectoria en el Registro de la Propiedad provincial perdió el cargo a partir de quedar expuesta en las escuchas de los imputados en la megacausa por fraudes inmobiliarios y lavado de activos. El director de la oficina estatal, Matías Figueroa, reveló la sanción dispuesta a la agente que se desempeñaba en Mesa de Entradas del organismo: fue trasladada al Registro Civil.

Es que en la desgrabación de una conversación teléfonica entre los imputados Roberto Aymo y el escribano Eduardo Torres se habló de una determinada mujer a la que identifican por su nombre de pila, como el presunto contacto interno que en el Registro de la Propiedad -Urquiza al 1100- les facilitaba la maniobra de adulteración de poderes y escrituras de inmuebles.

En la charla se expone que la empleada solicita, a cambio de sus favores, que le faciliten un préstamo de 10 mil pesos. "Cuando supimos que entre las pruebas estaba la escucha al escribano y al otro imputado que mencionaban a una mujer por su nombre de pila, investigamos cuál podía ser por la fecha y hora, ya que hay varias mujeres con el mismo nombre en la repartición", explicó Figueroa.

"No obstante, como la empleada en cuestión todavía no ha sido ni siquiera llamada a declarar, mucho menos ha sido imputada, la decisión administrativa ha sido correrla del lugar, pero preservarla dentro del empleo público", aclaró.

La decisión de trasladar a la mujer fuera de la órbita del Registro de la Propiedad fue como indicó Figueroa para "que no tenga injerencia en el sumario interno que se sigue haciendo a todos los empleados de la repartición, que puse a cargo del vicedirector, Ariel Galván".