Antes de que se enfríe el clima social y político que causaron las detenciones de empresarios, escribanos y un sindicalista, acusados de integrar una asociación ilícita de estafas inmobiliarias y lavado, el fiscal Sebastián Narvaja ordenó cinco nuevos allanamientos. El operativo se realizó con personal de la Policía de Investigaciones, la Fiscalía de Delitos Económicos y la Unidad de Trata, en dos oficinas financieras no registradas (en la city se las llama "cuevas"), dos escribanías de calle 9 de Julio al 500 y Santa Fe al 1200, y una mutual de Mitre al 900; para dar continuidad a la investigación que ya tiene a once personas imputadas, nueve de las cuales están detenidas y dos (el gerente del diario La Capital, Pablo Abdala, y el escribano Luis María Kurtzemann) en libertad, tras pagar una fianza de 800 mil pesos. Desde el Ministerio Público de la Acusación se indicó que secuestraron documentación como derivado del material obtenido en la veintena de allanamientos de la semana pasada. Por otro lado, la Cámara Penal confirmó a la jueza Mónica Lamperti en la causa, ya que había sido recusada por los abogados Carlos Varela y Adrián Martínez, que defienden a los co imputados Marcelo Jaef y Leandro "Lelo" Pérez. En tanto, las defensas esperan los fundamentos de la jueza para apelar las prisiones preventivas.

Con el fin de darle continuidad a la investigación mediante el entrecruzamiento de datos, ayer la Fiscalía retomó el trabajo de recolección de pruebas en la megacausa por estafas inmobiliarias. Fue después de una semana de abocarse de lleno a las imputaciones que recayeron sobre once imputados y un prófugo, que fueron formalmente acusados entre el viernes y el martes pasado, y sobre quienes la jueza dictó prisiones preventivas de uno y dos meses, y libertades bajo fianza.

Los cinco allanamientos de ayer comenzaron pasadas las 9 de la mañana, en el micro y macro centro: Córdoba 1464, donde funciona la financiera Brío, en la oficina 2 del primer piso; la escribanía Gordó, de 9 de Julio al 543; una oficina de la Mutual 18 de Julio, en Mitre 907; otra oficina de valores en el tercer piso de calle Corrientes 791 -que según el guardia de seguridad, está desocupada-, y la escribanía Robiolo & Asociados, en Santa Fe al 1200. Ese apellido aparece mencionado en una escucha entre el imputado Marcelo Jaef con el agente bursátil (también detenido) Jorge Oneto: "Robiolo me dijo 'no te metás'", en referencia a las averiguaciones que realizaban sobre la denuncia en fiscalía por el campo de Villa Amelia.

Sin embargo, el procedimiento no generó nuevas detenciones, sino que se basó en recolectar más evidencias para sostener las imputaciones contra los hasta ahora doce involucrados, aunque el fiscal no descartó más detenciones.

Aunque fue reprochada por las defensas, el fiscal Narvaja sostiene que existe una asociación ilícita porque "aún cuando no se conozcan (todos los acusados, según dijeron para intentar despegarse), las personas se benefician a partir del rol de los otros eslabones de la red". "Aún cuando no haya un nexo entre ellos, existe un beneficio recíproco", aseguró.

Ayer también hizo declaraciones públicas el abogado de Abdala, Iván Hernández Larguía, quien señaló que "por la forma de expresar la prueba y la imputación" por parte de la Fiscalía "no hay delito". Y cuestionó al gobierno provincial por el pedido de ser querellante. "Eso es un golpe de efecto, la provincia y la ciudadanía ya está representada por los fiscales", dijo. Abdala había alegado que le prestó dinero a Marcelo Jaef, también imputado, y que éste le ofreció como forma de pago la participación en la compra de un campo: el de la familia Luppi, en Villa Amelia, cuya primera venta se hizo mediante un poder trucho firmado por el escribano Eduardo Torres --que además de ser condenado en 2006, fue procesado en julio por defraudación y falsificación--, en favor de Roberto Aymo, ambos presos.

Abdala retomó ayer mismo sus actividades en el matutino, luego de recuperar el miércoles la libertad una vez que depositó una fianza de 800 mil pesos. Su defensa había pedido una rebaja en el monto, pero se la negaron. En tanto, el ex ministro de Justicia, Juan Lewis, que defiende a otros dos escribanos, criticó la acusación. "La Fiscalía generó expectativas inusitadas en relación a esta causa que le van a costar muchísimo sostener y eso condiciona a los operadores judiciales a la hora de resolver". Y agregó: "La palabra asociación indica un vínculo. Debería haber dado una argumentación más convincente".