CIUDAD
Organismos de derechos humanos, dirigentes políticos, sociales y familiares reclamaron por justicia para las siete personas asesinadas en Rosario durante las revueltas de diciembre de 2001
› Por José Maggi
La Multisectorial Rosario ganó ayer la calle para conmemorar el quinto aniversario de las trágicas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Así varios centenares de manifestantes unieron la Plaza 25 de Mayo con la Plaza San Martín, "en el marco dramático del tercer mes de la desaparición del compañero Julio López, el primer desaparecido después de la dictadura", dijeron. También estuvieron presentes los miembros de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe y los de la Carpa Negra que nuclea a los inundados por la crecida del Salado en abril de 2003. Todos pidieron la cárcel para quien consideran responsable político de ambos hechos: El ex gobernador santafesino y actual senador Carlos Alberto Reutemann.
Los militantes marcharon bajo las banderas de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, de Amsafe Rosario, de la Federación Universitaria de Rosario, de la CTA Rosario, entre otras, desde la Plaza 25 de Mayo hasta la Plaza San Martín, frente a la sede local de la Gobernación, para recordar los sucesos del diciembre trágico de 2001, del que se cumplen hoy cinco años. Allí desplegaron una enorme bandera que rezaba: "Pocho Vive, Cárcel a Reutemann". También sumaron pintadas en el frente de la sede oficial con el mismo reclamo. Frente mismo al edificio gubernamental desplegaron otra enorme bandera con los rostros de los asesinados por las balas policiales durante la represión de los saqueos: Así se podían ver juntas las caras de Walter Campos, Rubén Pereyra, Graciela Acosta, Ricardo Villalba, Juan Delgado, Yanina García y Claudio Pocho Lepratti.
En el acto estuvieron presentes sosteniendo esa bandera la madre de Campos, Gregoria Luna, la hermana de Acosta, y Celeste Lepratti, hermana de Pocho, asesinado en los techos de una escuela de barrio Las Flores.
La marcha se realizó a pocos días de la liberación de Luis Quiroz, uno de los agentes acusados de haber matado a Graciela Acosta, quien fue absuelto por el juez Ernesto Genesio quien argumentó "una duda razonable" en favor del reo, a pesar de la gran cantidad de testigos y de las pericias que se hicieron y comprobaron que la bala había salido de su arma.
Durante el acto se leyó el documento elaborado por la Multisectorial que reseñaba el estado de las causas por los crímenes de esas jornadas: en la causa Rubén Pereyra hubo ocho policías de la División Drogas Peligrosas procesados, pero el juez Osvaldo Barbero dictó el falta de mérito y luego el sobreseimiento de los mismos. En la de Juan Delgado el juez Barbero resolvió el sobreseimiento de los 17 policías involucrados a partir de las indagatorias que se habían resueltas en el expediente. En la de Yanina García si bien el juez Barbero dejo claro que fue asesinada por una bala policial, no se individualizó al autor y se dictó el sobreseimiento de los once policías indagados. En la causa Walter Campos el oficial de las Tropas de Operaciones Especiales Angel Iglesias, que resultó imputado por la muerte del joven Campos, fue sobreseído por el juzgado de Instrucción y después de apelaciones del fiscal de cámara, la Corte Suprema de Justicia de la provincia confirmó el sobreseimiento. En la causa de Ricardo Villalba de 16 años no hay imputados en esta causa y la Comisión Investigadora sostiene que surge de la investigación que son tres los miembros de la policía involucrados, todos pertenecientes a la seccional 10º.
La movilización de la tarde fue precedida por una manifestación frente a los Tribunales provinciales, donde familiares de las víctimas, Padres del Dolor y organizaciones sindicales pidieron justicia y esclarecimiento de los crímenes perpetrados durante la represión.
El reclamo incluyó también la aparición con vida del testigo del caso Eschecolatz, Julio López, desaparecido hace tres meses, entre otras reivindicaciones.
En la oportunidad, la diputada nacional Alicia Gutiérrez lamentó que la Justicia santafesina haya "garantizado que ni siquiera se llamara a declarar a los principales responsables, los responsables políticos: el entonces gobernador Carlos Reutemann y su secretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez".
Mientras Celeste Lepratti, hermana de Claudio, habló de "aunar luchas. Hoy se cumplen cinco años de lo que fue la masacre de 2001, pero también tres años y ocho meses de las inundaciones de Santa Fe, y tres meses de la desaparición de Julio López. Seguimos entonces con un mismo reclamo de justicia, y con mucho dolor por las respuestas que hasta este momento nunca llegaron".
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