Tras una jornada más que tensa, que incluyó incidentes protagonizados por un grupo de alrededor de 60 manifestantes que agredieron la puerta del Palacio Vasallo, el Concejo aprobó ayer un decreto que habilita hasta el 28 de febrero de 2007 al intendente Miguel Lifschitz a aumentar el boleto del transporte, previa realización de dos estudios de costos. Vencido ese plazo, la potestad de fijar la tarifa del sistema volverá a estar en manos de los concejales. La iniciativa, que fue aprobada en una votación dividida (12 a 9), fue consensuada entre el socialismo y su nuevo aliado, el radical Jorge Boasso que consiguió imponer gran parte de su proyecto original. "En realidad no es una cesión de facultades. El intendente queda habilitado a retocar la tarifa durante el receso del Concejo. Cuando arranca el período de sesiones ordinarias la facultad vuelve a los concejales", resumió el edil. El oficialismo logró a su vez que la bancada de la UCR declinara su intención de someter a votación del cuerpo el aumento que fije el jefe comunal, que se estima llevará la tarifa a $1,10 o $1,20 en el primer trimestre del año próximo. Los ediles cerraron la labor legislativa del año aprobando además el Presupuesto 2007, la urbanización del predio de la zona sur donde se está construyendo el casino, el plan especial para Pichincha y la promoción de cocheras.

La idea original del oficialismo era debatir por la mañana, en la Comisión de Servicios Públicos el mensaje de la intendencia, para asegurarse así, a primera hora el tratamiento del tema en una sesión extraordinaria. Sin embargo, los negociadores socialistas no llegaban a ponerse de acuerdo con el bloque Intransigencia Radical (Boasso y Néstor Trigueros) en algunos artículos de la iniciativa. A media mañana empezaron a llegar al Palacio Vasallo los manifestantes de izquierda que querían ingresar a la fuerza al Concejo y la discusión se postergó.

Al mediodía, con los destrozos a la vista, el presidente del Concejo, Miguel Zamarini convocó a los jefes de bloque a la reunión de Labor Parlamentaria. Allí se resolvió realizar en primera instancia la última sesión de prórroga, que incluía entre otros temas el Presupuesto 2007, y después convocar a la Comisión de Servicios Públicos.

Paralelamente socialistas y radicales lograban consensuar un proyecto en común. Así, con las cuatro firmas que se necesitaban, el oficialismo y su nuevo aliado conseguía habilitar el tratamiento del tema en el recinto. En rigor, en el proyecto aprobado después, por 12 votos (10 del PS y dos UCR) a 9 (la ex aliada Daniela León, el cavallerista Alfredo Curi, dos del ARI y cinco del PJ ya que Peressotti no estuvo presente), prevalecieron fundamentelamente las ideas de Boasso.

Tal como había propuesto el edil radical, se realizarán dos estudios de costos en un plazo no mayor a treinta días para determinar si es necesario aumentar la tarifa: uno lo realizará el Ente del Transporte y el otro el Instituto del Transporte dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario. Casualmente, este organismo lo dirige el ingeniero José Adjiman, que a la vez integra el directorio del Ente.

De acuerdo al proyecto aprobado, si de ambos estudios surge la necesidad de reajustar la tarifa, el Departamento Ejecutivo podrá hacerlo hasta el 28 de Febrero de 2007. Si entre ambos estudios hubiere diferencias significativas, se solicitará un tercer dictamen.

En tren de consensuar aspectos con el oficialismo, Boasso aceptó declinar una exigencia de su proyecto original: que el eventual aumento de la tarifa sea puesto a consideración del Concejo. El socialismo se negó argumentando que ello implicaría asumir un doble costo político.

Si el intendente decide aumentar el boleto su aplicación será inmediata. Sólo se exigirá que empiecen a implementarse algunos de los aspectos novedosos del nuevo sistema (incorporación de unidades de acuerdo al pliego, mejores frecuencias, sistema GPS). Para ello el municipio elevará al Concejo un informe de avance al finalizar el receso del cuerpo.

Según el decreto aprobado ayer, el municipio, deberá garantizar el cumplimiento de las pautas de calidad del servicio exigidas en los pliegos de la licitación recientemente adjudicada. Al mismo tiempo, el Ejecutivo no podrá modificar el régimen de franquicias existentes y deberá mantener una tarjeta promocional de 6 viajes como mínimo, de menor valor por viaje.

"Conseguimos despolitizar el tema del transporte. Cualquier decisión que se tome deberá estar basada en estudios técnicos. Y en realidad no es una cesión de facultades, se le permite al intendente retocar la tarifa durante el receso del Concejo. Es un buen proyecto", resumió Boasso.

Durante el debate en el recinto, el vicepresidente del Concejo, el justicialista Osvaldo Miatello hizo hincapié en la potestad que tiene el cuerpo según la ley orgánica de municipalidades de fijar la tarifa del transporte. "En las votaciones a veces se gana, a veces se pierde, lo que no podemos avalar esta cesión de facultades", planteó.

Desde el ARI, Nire Roldán le endilgó la responsabilidad por el inminente aumento a los gobiernos nacional y provincial por no aportar más subisidios, contando con los recursos necesarios.

Con todo, Lifschitz ya cuenta con la herramienta legal para aumentar por segunda vez en menos de un año el boleto.