Con reparos de la oposición por la falta de controles que tendrá el Ejecutivo para definir el destino de los 620 millones de pesos solicitados, la Legislatura convirtió anoche en ley el mensaje remitido por el gobernador Jorge Obeid apenas horas antes. La iniciativa declara en situación de emergencia y zona de desastre a 12 de los 19 departamentos de la provincia; pide autorización para endeudar a la provincia por hasta 300 millones, reclama facultades genéricas para expropiar inmuebles en zonas de obras y acorta los plazos de control por parte del Tribunal de Cuentas.

El mensaje N° 3286 fue tratado en el marco de las sesiones extraordinarias incialmente en el Senado. Allí, las socialistas Patricia Sandoz y Marta Nardoni y el radical Carlos Fascendini plantearon algunas objeciones técnicas, si bien avalaron el espíritu de la norma.

"Vinimos con una disposición total de aprobar el pedido para que el gobernador pueda atender con todo las necesidades pero quisimos discutir algunos artículos del proyecto que le daban demasiada discrecionalidiad al Ejecutivo para su utilización", explicó Sandoz a Radio Dos.

En ese sentido, la legisladora socialista, representante del departamento Rosario objetó que se trataba de "cifras muy elevadas, unos 630 millones de pesos" pero así y todo el artículo tres fijaba mecanismos de contratación directa del Estado sin posibilidad de controlar.

Idéntico planteó formuló a este diario el diputado Sergio Liberati. "Nos parece importante que el gobernador tenga una herramienta para poder solucionar los inconvenientes del temporal, pero técnicamente el proyecto es perfectible, había que incorporarle controles", planteó.

La inciativa enviada por Obeid propuso declarar en situación de emergencia y desastre por 180 días a los departamentos Belgrano, Caseros, Castellanos, Constitución, Garay, Iriondo, La Capital, Las Colonias, Rosario, San Jerónimo, San Lorenzo y San Martín.

En los fundamentos se afirma que "el impacto del fenómeno climático ha sido y es grave en bienes y personas, tanto en lo que atañe a las condiciones de habitabilidad de los hogares como de funcionalidad del aparato productivo de diversas regiones de la provincia".

El Ejecutivo entiende que "la urgencia no admite el sometimiento de las acciones al procedimiento regular a nivel administrativo, bajo cuyos tiempos y pasos reglados se corre el riesgo que la restitución sea tardía con mayores pérdidas que las ya padecidas".

En ese marco el gobierno de Obeid reclamó una excepción para las contrataciones de acuerdo con lo previsto en la Ley de Administración y Control de Gestión. El proyecto establece que el control de actos y procedimientos estará a cargo del Tribunal de Cuentas con un plazo máximo de cinco días hábiles con el mismo plazo de comunicación a una comisión bicameral de emergencia que tendrá carácter "consultivo".

En cuanto a los recursos para cumplir con el objetivo de la norma surgirán del "Fondo de Estabilización fiscal y de inversión pública hasta cien millones de rentas generales; montos todavía no comprometidos del fondo de emergencia social ley 24.443; y endeudamiento de hasta 300 millones" con organismos nacionales e internacionales.

Además el Ejecutivo solicitó un procedimiento rápido de expropiación para inmuebles localizados en "la zona de ejecución de las obras". Asimismo, la Casa Gris quedó facultado a otorgar beneficios impositivos de tributos provinciales, ya sean excepciones o prórrogas.