El defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, interpuso ayer un hábeas corpus en favor de los detenidos alojados en la comisaría 15ª y la subcomisaría 20 de Rosario, por considerar que se encuentran hacinados y "en condiciones de alojamiento infrahumanas". La Defensoría del Pueblo explicó en un comunicado que "los internos se encuentran en lugares no aptos para su alojamiento debido al estado edilicio, a sus características, a su absoluta falta de equipamiento, todo ello en razón de la cantidad de personas allí detenidas". En tanto desde la Coordinadora de Trabajo Carcelario, Lilian Echegoy, explicó que "entre 1997 y 2001 desde la Coordinadora hicimos distintas presentaciones por comisarías en particular y el resultado de las mismas fue el desalojo de penales policiales y la recarga y el hacinamiento de otras. Por lo tanto llegamos a la conclusión que presentando pedidos individuales se terminaba agravando la situación de otras comisarías, y terminamos presentando un hábeas corpus correctivo general en el 2004". "Por eso -opinó Echegoy- me parece que Mondino tiene que reforzar el hábeas corpus general e impulsar que se resuelva lo antes posible, además de pedirle el gobierno de la provincia explicaciones porqué no se resolvió el problema todavía".

La denuncia de Mondino fue presentada ante el Juzgado de Instrucción Nº 14 de Rosario. En la presentación se indica que inspectores de la Defensoría comprobaron que en las instalaciones de ambos comisarías, tanto presos como procesados sufrían hacinamiento y estaban expuestos a "condiciones de alojamiento infrahumanas".

El documento señala que en la comisaría 15ª había 39 detenidos en una habitación de unos 30 metros cuadrados y en la Subcomisaría 20ª otros 24 en un espacio de 25 metros cuadrados. También comprobaron que muchos de los reclusos padecen diversas enfermedades, como tuberculosis y sífilis, y no están bajo tratamiento médico.

En el hábeas corpus, el ombudsman solicitó "la inmediata asistencia médica de la totalidad de la población carcelaria mencionada" y la "separación de los internos que se encuentran bajo proceso de aquellos que cumplen una condena". Además exigió que las comisarías brinden "condiciones apropiadas de habitabilidad" y "todos aquellos elementos indispensables para el desarrollo digno de la vida humana".

Estas condiciones "violentan lo estatuído por la Constitución Nacional y la de la provincia de Santa Fe, así como de diversos Tratados y Convenciones internacionales, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre", fundamentó Mondino.

En tanto Antonio Tesolini, desde la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), recordó que "todas las seccionales están en falta y no sólo esas dos denunciadas". De hecho, esta ONG presentó un recurso judicial hace dos años para que no haya ninguna personas detenida en comisarías, violando las normas de detención, pero aún hay en la ciudad unos mil presos en seccionales (eran 970 al 19 de marzo de este año).

"Esa situación se repite en casi todas las seccionales. En la sexta, por ejemplo, ahora hay unos 58 detenidos", precisó Tesolini. En cuanto al hábeas corpus que presentó la CTC, explicó que la medida avanzó en el Juzgado de Carlos Triglia, pero cuando el magistrado falleció pasó a manos de Instrucción 12ª donde no hubo avances, y luego pasó al número 11, donde espera una resolución (que podría implicar una orden al Ejecutivo para que se desalojen las seccionales)".

Echegoy reconoció que el tema del hacinamiento en los penales policiales no es fácil de resolver. "Como ejemplo, recuerdo un juez que fue hace un año a la comisaría 30ª y al ver en qué estado estaban los detenidos, ordenó el desalojo, pero los mismos internos no se querían ir de la comisaría, planteando que iban a estar igual o peor en otra comisaría y encima lejos de sus familiares. El Poder Judicial tiene responsabilidad en esto tanto como el gobierno provincial que está realizando obras que no terminan de resolver el problema".