El ministro de Gobierno Roberto Rosúa se mostró molesto ayer cuando Rosario/12 le consultó sobre la situación del IRAR como un instituto con condiciones de detención infrahumanas, tal como lo sostuvieron oganizaciones de derechos humanos de la ciudad, la Defensoría del Pueblo y el Programa Antiimpunidad del Ministerio de Justicia de la Nación. Tampoco contestó sobre el fondo de la cuestión cuando se le dijo que el chico muerto en el instituto de Cullen y Saavedra días atrás, Néstor S., vendía droga en la misma puerta del IRAR. La pregunta se le había hecho en el marco de los anuncios del trabajo contra el narcotráfico y el micro-tráfico. Habló de la acción depredadora y vandálica de los internos pero no de la violación de los derechos que el Estado comete contra los chicos allí alojados.

--Fuentes judiciales sostuvieron que el chico de 17 años muerto en el IRAR, Néstor S. vendía droga desde mucho tiempo antes, mientras estaba prófugo, en la misma esquina del Instituto. ¿Usted cree que la policía no lo sabía?

--Aquí la cosa es muy simple y por qué no hizo la denuncia esa fuente judicial. Tiene obligación de hacerlo.

--Pero lo que se sostiene es que la policía sabía...

--Es probable. Esa fuente también sabía que la policía sabía y tuvo que denunciarlo.

--Con las posibilidades económicas que tiene una provincia como la de Santa Fe, ¿no sería adecuado que se tenga entre las principales prioridades un instituto de rehabilitación del adolescente y no mantener las condiciones infrahumanas de alojamiento que existen?

--Deje de hacer discursos. Usted está panfleteando... En el año 1999 se construyó un edificio especialmente diseñado para ser un instituto cerrado que ha sufrido dos grandes embates, uno del origen de la construcción que tuvo graves defectos que derivaron en fallas edilicias agravadas por la acción depredadora que se ejercitó desde adentro mismo del IRAR. Un instituto con capacidad para 70 personas, construido a un alto costo, diseñado por especialistas en materia de seguridad que tiene gaavísismas fallas constructivas y que sufre los efectos desvastadores de la acción vandálica, sobre todo de los propios alojados, terminó en gravísimos poblemas. Por eso nos reunimos con el decano de la facultad de Arquitectura quien se comprometió a realizar una pericia técnica para determinar la viabilidad como edificio y de establecer sistemas antivandálicos para evitar que se destruya desde adentro. ¿Por qué vamos a la facultad? Porqué no puedo ir a los organismos provinciales que son los que controlaron la construcción y por los que tenemos estos resultados.

--¿Hace falta otro lugar?

--Es indispensable contar con algún otro establecimiento. Tenemos expropiado un terreno y en trámite con la UNR el proyecto de instituto para alojar a menores con las características de dividirlos por edades y por situación de abandono o de relación con los actos delictivos. Está en marcha. Creo que la provincia con sus propios recursos y gracias a la política económica nacional y a la seria administación provincial podrá encarar la construcción más abartiva que la del propio IRAR que sólo se refiere a los menores en conflicto con la ley penal.

--El juez Leandro Artigas no tenía donde mandar, y así lo expresó, al chico al que se conoce como Pelo Duro.

--Lo de los jueces lo tomo con gran respeto pero que un juez diga que no tiene dónde mandar a Pelo Duro es inadmisible. Aquí tenía el IRAR, si no tenemos un pabellón especial en la Unidad 3 que algunos jueces calificaron de peligrosos -yo diría autores de delitos graves- o lo podría mandar a Santa Fe al pabellón juvenil de Las Flores que no mereció la objeción de ningún organismo de derechos humanos. De manera que decir "no tengo donde mandarlo" es un acto de cierta liviandad.