"La situación que hoy se discute respecto del penal donde se alojan niños y adolescentes en la comisaría primera se habría evitado si el juez (Juan Leandro) Artigas hubiese declarado ilegal, ilegítima e inconstitucional la detención de chicos en seccionales policiales cuando en el 2002 se le presentó un hábeas corpus en ese sentido. Pero por el contrario le fue dando tiempo al poder administrativo que se renovaba por períodos de 6 meses y todo siguió igual", reflexionó ayer Antonio Tesolini, dirigente de la Coordinadora de Trabajo Carcelario. Hasta ayer el juez Nº 3 Jorge Cartelle no había resuelto el pedido de hábeas corpus correctivo presentado por la Defensoría del Pueblo para que se cierre el penal de la seccional 1ª en Juan Manuel de Rosas al 1.300 donde se aloja a niños y adolescentes. La fiscal Cristina Rubiolo habló de un lugar "no recomendable para el alojamiento o la detención de nadie".

Mientras hasta ayer por la tarde no había resolución por parte del juez Nº 3 Jorge Cartelle acerca del pedido que realizó la Defensoría del Pueblo en cuanto a que se clausure el penal de la seccional 1ª en la que se alojan niños y adolescentes, desde la CTC Antonio Tesolini criticó una vez más los tiempos de la Justicia en tomar resoluciones que deberían ser de urgencia. "Si se presenta un hábeas corpus correctivo es porque se considera que se agravaron las condiciones de detención y se violentan los derechos de quienes están allí alojados. Por tanto su resolución debe ser rápida, generalmente se plantean 24 o 48 horas, 72 como mucho, pero por lo común no se respetan esos tiempos. La lógica judicial es distinta de lo que se necesita y muchas veces resta valor al propio recurso", señaló.

La CTC apoya y acompaña el pedido que hizo la Defensoría del Pueblo con la firma de su titular Carlos Bermúdez. De allí que Tesolini planteó que las situaciones que se producen con los chicos en la 1ª se hubiesen podido evitar si el juez Artigas hubiese dado curso al hábeas corpus que se presentó en el 2002 a instancias de un informe de la CTC y de los asesores de Menores que lo confirmaron cuando la mayoría de los chicos estaba en comisarías y se pidió que se declare "ilegal, ilegítima e inconstitucional la detención de niños y adolescentes en seccionales policiales".

Tesolini recordó que el recurso se tramitó prácticamente durante 2 años a partir de que "el juez pidió respuestas al poder administrador y le fue dando sucesivas prórrogas para el desalojo de los niños", un proceso que terminó con la inauguración por parte del entonces ministro de Gobierno Carlos Carranza del Centro de Alojamiento Transitorio (CAT) "con el aval de los jueces de Menores", dijo.

Tesolini calificó como un "engendro jurídico" el intento de administración compartida entre la Dirección de Menores en Conflicto con la Ley Penal y la policía donde el poder lo tuvo el comisario a cargo y desembocó en el cierre escandaloso después del informe del programa Antiimpunidad del Ministerio de Justicia de la Nación". En aquel momento la CTC dijo que se trataba de una "comisaría encubierta".

Cuando se cerró el CAT comenzaron a derivar chicos hacia la primera

"y siempre se dijo que era en forma transitoria pero ya se sabe que lo transitorio se convierte en permanente".

El viernes por la tarde el juez Jorge Cartelle volvió a recorrer el penal de la seccional 1ª acompañado por la fiscal Cristina Rubiolo. Allí se tomaron fotografías y Cartelle dijo ayer a este diario que resolvería entre jueves y viernes. Cabe recordar que mañana miércoles la Corte Suprema de Justicia de la provincia tratará el tema en la reunión de acuerdos después de que el procurador Jorge Bof, en manos de quien está el informe presentado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal, sobre la seccional Nº 1 y el IRAR (Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario).

El juez Cartelle informó que en la 1ª quedan 2 chicos y la fiscal Rubiolo comentó a este diario que se trata de "un lugar oscuro, poco ventilado no recomendable para el alojamiento de nadie".