La abogada Marisa Malvestiti, en representación de un grupo de particulares, junto a la letrada de la ONG Unión de Usuarios y Consumidores, Valeria Vaccaro, y la representante de la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor, Analía Carrió; presentaron ayer en los Tribunales Provinciales una demanda para evitar el cobro del servicio de playa de 15 centavos por litro de nafta, dispuesto por la Federación Argentina de Expendedores de Naftas del Interior (FAENI) para el próximo 15 de mayo. La presentación, que se lleva adelante en el marco de la Ley provincial 10.000 de intereses difusos, se realizó en el Juzgado de Instrucción Número 11 a cargo de la jueza Delia Giles, lleva un pedido de medida cautelar urgente. Para Malvestiti, la demanda "no es una cruzada contra los dueños de las estaciones de servicio. Pedimos que sea el gobierno nacional el que tome las medidas necesarias para evitar que sea el público el que tenga que asumir lo que consideramos que es un aumento encubierto, ya que el combustible es formador de precios".

La presentación judicial realizada ayer pretende impedir el llamado Cargo por Gastos Adicionales de Comercialización, que según el instructivo que FAENI puso a disposición de sus asociados en el sitio web de la federación, el pasado 27 de abril "no es un impuesto, tampoco una tasa".

Luego de presentar la demanda, y ante la consulta de Rosario/12, la doctora Marisa Malvestiti indicó que lo que se pretende implementar en las estaciones de servicio de la provincia a partir del 15 de mayo es "un aumento encubierto, que en las provincias de Corrientes y Jujuy se lo llamó servicio de playa. En nuestra provincia fueron más creativos, al llamarlo Cargo por Gastos Adicionales de Comercialización". En principio, el cargo iba a implementarse solamente en las naftas y el gasoil, pero según los dichos de Malvestiti, "tenemos entendido que también se va a trasladar a los surtidores de GNC".

Para la abogada lo que pretenden los dueños de estaciones de servicio de la provincia "es ilegítimo, ya que al regir la Ley de Hidrocarburos, existe un orden público que debe ser respetado por todos los actores. Además, rige la Ley de Abastecimiento, y no nos olvidemos que en materia de combustibles hay oligopolio; es un mercado cautivo, ya que el consumidor no tiene otra forma de proveerse".

Este adicional por servicio de playa quiso implementarse también en la provincia de Corrientes. Allí, según Malvestiti, "se presentó una medida y se dictó la suspensión. Nosotros hicimos al revés; presentamos una demanda y dentro de ella una medida cautelar de no innovar".

Por la medida cautelar, que se presentó en el juzgado de Instrucción Número 11, tiene que intervenir el fiscal de turno, quien debería decidir si la demanda amerita abrirse a vía de debate juridisccional. Malvestiti indicó que "la ley 10.000 nos permite lograr un efecto de no aplicación en toda la provincia. Como esto empezaría a regir a partir del 15 de mayo, el efecto de la sentencia que uno logra en el amparo es particular".

En relación a los tiempos judiciales, la abogada explicó que "teóricamente deberíamos estar notificándonos, y después hacer todo en el menor tiempo posible, para prevenir la aplicación de este aumento encubierto. Por eso le pedimos a la jueza que sea urgente. De todas maneras queremos aclarar que esta demanda no es una cruzada contra los dueños de las estaciones de servicio, que pretenden llegar a una rentablidad del 20%; algo que nosotros no negamos; pero es improcedente".

En este sentido, FAENI explicaba a sus asociados en el instructivo que "el valor absoluto del cargo complementará la rentabilidad percibida actualmente a la fecha, fluctuando hasta conformar el 20% sobre el precio público, en base a los estudios de rentabilidad realizados y, acorde a la situación geográfica del mercado de cada Estación de Servicios".

"Pretendemos que desde el gobierno nacional -explicó Malvestiti- se tomen las medidas necesarias para que no sea el público el que tenga que asumir el aumento, ya que el combustible es formador de precios y si aumenta se produce un efecto cascada. La solución debe pasar por otro lado y no por el bolsillo de la población".