La Corte Suprema de Justicia de la provincia urgió al gobierno de Jorge Obeid a solucionar en un plazo perentorio la situación de los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, ordenó alojarlos en "dependencias aptas" que resguarden su salud física y síquica y reemplazar en el cuidado de los menores a la Policía santafesina por "personal especializado en la materia". En una acordada que se conoció ayer a la tarde, la Corte adoptó cuatro decisiones. Ratificó el fallo del juez de Menores Nº 3 de Rosario, Jorge Cartelle, que -poco antes- había prohibido el alojamiento de menores en la comisaría 1ª de Rosario, ordenó el traslado en 24 horas de los que ya están detenidos en ese lugar y otorgó al ministro Roberto Rosúa un plazo de 30 días para que habilite "un centro de admisión cautelar en condiciones para el alojamiento transitorio de menores, atendido por personal idóneo" (ver aparte). Aconsejó la inmediata "refacción y reparación "del Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (IRAR) para que cumpla los requisitos "edilicios y de salubridad" aptos para su objetivo. Recomendó el reemplazo del "personal policial que actualmente está a cargo del cuidado y tratamiento de los menores detenidos por personal especializado en la materia". Y ordenó crear una Comisión de Seguimiento que verifique si el gobierno cumple las sentencias del juez Cartelle y de la Corte.

El fallo se conoció después que la Corte recibiera un informe del presidente de la Cámara Penal de Rosario, Antonio Paolicelli, a quien la semana pasada le había concedido tres días para que inspeccione el IRAR y la Comisaría 1ª de Rosario, los dos lugares denunciados por el hacinamiento de menores. El tribunal mostró "su preocupación respecto del deficiente grado de satisfacción de los derechos de los niños y adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal en general, y específicamente, de los que se encuentran alojados en las dependencias inspeccionadas", señaló.

El informe del presidente de la Cámara rosarina reveló cual es la situación actual del IRAR. Paolicelli -a quien acompañó un equipo de magistrados y funcionarios- "detectó una acelerada tarea tendiente a lograr una higienización adecuada del establecimiento en su parte habilitada, que, a pesar de ello, no resultarían suficientes para corregir los problemas edilicios 'dado que cualquier lluvia, viento, frío o fenómeno atmosférico adverso puede provocar nuevamente el estado de situación comprobado por los integrantes de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia'".

Paolicelli sugirió entonces que "a la mayor brevedad posible" la Corte requiera "al Ministerio de Gobierno la reparación de las falencias apuntadas, con la aclaración de que dada la escasa cantidad de detenidos -28 en total, al momento de la inspección- en relación a la capacidad de alojamiento del edificio, las tareas sugeridas resultan perfectamente factibles".

"En orden a la salud física de los menores alojados en el IRAR, el magistrado ha entendido que salvo casos aislados que presentaban autolesiones de escasa consideración y tratables en la enfermería del lugar, ninguno de ellos necesitaba de un traslado o internación en un centro de salud. Sin embargo, aclaró que en lo atinente a la salud mental de los mismos, 'todos padecen de alteraciones psíquicas y/o psiquiátricas de distinto grado, que ameritan que sean atendidas por profesionales en la materia'", agregó la Corte.

El otro lugar inspeccionado por doctor Paolicelli fue la comisaría 1ª de Rosario. Y la conclusión del camarista resultó terminante: "El edificio no cuenta con las comodidades mínimas que requiere una persona en estado de detención, sea menor o mayor de edad y sólo a causa de una cuestión excepcional y brevemente transitoria se puede permanecer en el lugar".

"El estado de salud de los menores allí alojados resultó ser substancialmente similar al comprobado en el IRAR, con la diferencia que en esta oportunidades los menores mostraban residuales estados de alteración anímica, que lleva a presumir como producto de la ingesta reciente de sustancias adictivas, antes del ingreso a la dependencia, y con tendencia a autoinferirse lesiones".

Paolicelli confirmó que los menores están bajo la custodia de "personal policial que no ha recibido instrucción para el trato" con adolescentes "bajo las circunstancias apuntadas", por lo que recomendó que la Corte reclame al gobierno "para que, a la mayor brevedad posible, provea de un establecimiento y de personal adecuados para el alojamiento de menores recién detenidos, hasta que se ponga en funcionamiento el pabellón de admisión del IRAR".

La Corte reiteró entonces "su preocupación respecto del deficiente grado de satisfacción de los derechos de los niños y adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal en general, y específicamente, de los que se encuentran alojados en las dependencias inspeccionadas. Y es sabido que tales valores merecen la tutela de normas de la más alta jerarquía constitucional e internacional, y su atención debe ser no sólo la adecuada sino -y fundamentalmente- oportuna", agregó.

"La problemática en análisis exige sin lugar a dudas la adopción de políticas de fondo integrales, que requerirán del concurso responsable, coordinado y comprometido de todos los poderes estatales. Pero, sin perjuicio de ello, esta Corte no puede dejar de mencionar que las deficientes condiciones en que se encuentran los establecimientos de alojamiento de menores pueden suscitar, en su caso, la promoción de acciones judiciales correctivas, que naturalmente, serán procedentes en el caso de que la judicatura comprobare la violación a los derechos consagrados por la legislación y por la jurisprudencia vigente en la materia, tal como -por lo demás- lo revela el dictado de recientes e importantes pronunciamientos judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Por lo tanto, resolvió:

* "Exhortar al PE que impida de inmediato el alojamiento de menores en la comisaría 1ª de Rosario, hasta que no se adopten las medidas que correspondan en orden a la eficiente adecuación de dicho edificio, según las necesidades requeridas por el caso, ello en consonancia con lo dispuesto por el juez de Menores Nº 3 de Rosario, Jorge Cartelle. * "Encomendar al PE (...), con la premura que la situación exige, la refacción y reparación del Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario, proveyendo, mientras tanto, a los menores detenidos, una dependencia en condiciones de salubridad apta para el alojamiento de los mismos.

* "Encomendar al PE, en las mismas condiciones de premura, a suplantar al personal policial que actualmente está a cargo del cuidado y tratamiento de los menores detenidos por personal especializado en la materia. * "Exhortar al PE a crear una Comisión de Seguimiento de las medidas que se dispongan a consecuencia de la presente resolución y de la sentencia judicial mencionada, incluyendo en la misma a los organismos oficiales y a las organizaciones civiles que tengan competencia o vinculación con la materia de los menores en conflicto con la ley penal", concluyó la Corte.