El juez de Menores Nº 3 de Rosario, Jorge Cartelle, ordenó ayer el traslado de los menores de edad alojados en la seccional 1ª en un plazo de 24 horas al hacer lugar a un recurso de hábeas corpus correctivo que presentó la semana pasada el Defensor del Pueblo de la provincia, Carlos Bermúdez. La sentencia incluye otras dos decisiones: el magistrado prohibió el ingreso de otros menores a la comisaría rosarina y concedió al ministro de Gobierno, Roberto Rosúa un plazo de 30 días para habilitar un centro de admisión cautelar que cuente con las condiciones edilicias y de salubridad necesarias para permitir el alojamiento transitorio de menores, atendido por personal idóneo.

El juez Cartelle había inspeccionado la comisaría 1ª junto con la fiscal Cristina Rubiolo, quien luego solicitó al magistrado que acepte el hábeas corpus, y personal de su juzgado, donde comprobó las mismas deficiencias que ya había constatado el presidente de la Cámara Penal de Rosario, Antonio Paolicelli, cuando visitó el lugar cumpliendo una indicación de la Corte Suprema de Justicia (ver aparte).

En su fallo, el doctor Cartelle describió también la situación en los adolescentes detenidos: "Es indudable que las condiciones dadas en la seccional 1ª de Rosario, dependiente de la Unidad Regional II de Policía, no resiste el menor análisis en cuanto a la factibilidad de albergar a personas menores de 18 años de edad. Al acceder al lugar, a simple vista se puede percibir el estado deplorable de la construcción de los penales, la humedad imperante, la falta de ventilación adecuada, el estado lamentable de los sanitarios, las pésimas condiciones de los lugares donde presuntamente descansan los jóvenes y la denominada "cuadra" que resulta ser un pequeño patio muy mal iluminado sin que prácticamente pueda desarrollarse en el sitio algún tipo de actividad o recreación".

"Estas apreciaciones -agregó- objetivamente sustentadas se corresponden con el informe elaborado por la Presidencia de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario que entre otras consideraciones entiende que el edificio no cuenta con las comodidades mínimas que requiere una persona en estado de detención, sea menor o mayor de edad".