CIUDAD
El conflicto en la empresa Virasoro tuvo ayer un giro inesperado: los operarios que no fueron cesanteados se llegaron hasta la Jefatura de Policía para pedir la intervención de los policías.
Un centenar de empleados de lavadero Virasoro se reunieron ayer en las puertas de la Jefatura de Policía para pedir que la fuerza intervengan en el conflicto para poder ingresar a la planta, ubicada en Ovidio Lagos al 4600 donde hace 42 días más de cincuenta trabajadores despedidos mantienen una carpa de protesta. La movida fue aclarada por Sergio Calabrese, delegado despedido: "Los junta la empresa para provocar enfrentamientos, que no se dieron nunca. Las dos veces que llegaron a las puertas del lavadero hablamos con ellos sin ningún problema. Y le advertimos a la empresa que la solución al conflicto es que todos podamos ingresar, no solo ellos". Por su parte, los abogados de estos trabajadores -sobrinos del ministro de Gobierno, Roberto Rosúa- fueron denunciados por el jefe de la Policía, Ricardo Ruiz por amenazas. Ayer los letrados respondieron con una contradenuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público. Hoy se espera que se conforme una mesa de diálogo donde estén representados el Ministerio de Gobierno, la cartera laboral, la empresa y los trabajadores.
El diputado provincial Aldo Strada (ARI) advirtió que el eje del diferendo pasa "porque el dueño del lavadero está organizando trabajadores que no acatan la huelga para confrontar de modo demencial con sus compañeros en huelga. Y lo hace con presiones inauditas, como movilizarlos ante la propia Jefatura para pedir represión. Es una actitud temeraria. En un contexto caldeado, porque hay 57 trabajadores despedidos, puede derivar en algo lamentable". Strada subrayó que "el ámbito para dirimir este conflicto es la Secretaría de Trabajo. Ni la Justicia penal ni la policía. Saludablemente el gobierno provincial entiende que esto no se resuelve a palazos".
El conflicto del lavadero Virasoro tuvo este fin de semana un nuevo capítulo que incrementa la tensión ya reinante. Es que se hizo pública una denuncia que el jefe de la Policía local radicó contra los abogados de los trabajadores que buscan reinsertarse en la planta. Se trata de Martín y Diego Rosúa sobrinos del ministro de Gobierno y de Alejandro Sinópoli. Ruiz declaró que los letrados irrumpieron en su despacho, lo increparon por no desplazar a los trabajadores en huelga del ingreso a la planta.
El hecho tuvo lugar la semana pasada cuando un operativo policial se desplegó debido a que un grupo de trabajadores intentaban ingresar a la fábrica y los trabajadores apostados en la puerta buscaban impedirlo. Ese día, personal policial se marchó del lugar ya que no se registraron hechos de violencia. Sin embargo, los abogados Rosúa y Sinópoli se dirigieron al despacho de Ruiz para que interviniera inmediatamente.
Uno de los letrados, Martín Rosúa, explicó que "ese día los trabajadores quedaron librados a su suerte y por eso fuimos a hablar con el jefe de la policía. Nos recibió una secretaria y nos pidió que esperáramos, mientras tanto, los trabajadores nos llamaban y nos decían que los amenazaban, que les pegaba y que había corridas en el puerta del lavadero".
"Entonces sí entramos al despacho de Ruiz a los gritos, nunca le pedimos que repriman sino que intervengan. Él nos decía que hasta que no hubiera un hecho de violencia no lo harían y nos gritamos, es cierto pero nunca lo amenazamos ni nos presentamos como los sobrinos de Rosúa".
"En ningún momento hubo ni uso ni abuso de apellidos, profesión o circunstancia alguna. Sólo tratamos de actuar vehementemente a fin de cumplir con nuestro deber, que era el de recurrir a todos los medios necesarios para garantizar la integridad física de los trabajadores. Reitero que personal policial como funcionarios públicos nos manifestaron que sólo iban a actuar 'ante el conflicto'. Pareciera que es necesaria una desgracia para cumplir con sus funciones", dijo Martín Rosúa.
Finalmente, los defensores de los empleados que pujan por ingresar a la planta, anunciaron que denunciarán penalmente al jefe de policía de Rosario por incumplir sus deberes de funcionario público al no ordenar el desalojo de los trabajadores despedidos del lavadero industrial Virasoro, que mantienen la huelga.
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