El director del Servicio Penitenciario Provincial trató ayer de calmar las aguas luego de las expectativas generadas en la población carcelaria tras la difusión del inicio de los trámites de conmutaciones de penas a 900 internos de toda la provincia. Rosúa aclaró de entrada que "no es verdad que el año pasado no hubo conmutaciones, fueron firmadas en marzo de 2004 por el gobernador Jorge Obeid" aunque reconoció que correspondían a diciembre de 2003. "Con respecto a los trámites en curso están iniciados, y pasaron primero por organismos técnicos, luego por la dirección de las unidades, por la justicia y finalmente los verá el gobernador, quien define a quién se le otorga y a quién no. Todo está en estudio". Por su parte la vicegobernadora definió su posición sobre el tema como "una postura racional". Y explicó que "si esto se hace siguiendo los mecanismos debidos y tenemos la seguridad de que aquel que vuelve a reinsertarse en la sociedad es alguien que cumple los requisitos y que están en condiciones, la medida es correcta. En esto no hay que funcionar bajo presión, ni sometidos a los apuros que a veces se interpretan como medidas para descomprimir los sitios de detención, sino que debe ser una actitud sumamente cuidadosa y razonada, evaluada por todos los intervinientes, y con el tiempo y los plazos que este proceso requiera".