El Estado provincial no garantiza la integridad de las víctimas de violencia familiar. Si bien la ley vigente establece que se trata de un delito punible, y que los agresores deben ser apresados si se acercan a la víctima, no existen mecanismos específicos para hacerlo efectivo. "La gran mayoría de las veces se dicta la prohibición de acercamiento, pero es una media autosatisfactiva, y las autoridades hacen responsable del cumplimiento a la mujer, que es la víctima. Consideran que esa orden la debe hacer valer la propia víctima", explicó la trabajadora social María Eugenia Sarrias, que trabaja en la problemática.

La profesional consideró que la provincia tendría que contar con un dispositivo, como el que existe en la provincia y la ciudad de Buenos Aires, con comandos especiales encargados de controlar el cumplimiento de la norma. "Eso acá no sucede. En las comisarías la propia víctima es cuestionada y culpabilizada, y toman su problema como algo menor, en relación con sus otras incumbencias", relató.