La historia de la niña de 13 años discapacitada cuya mamá pidió el aborto abrió un debate que tardará mucho en cerrarse. Su caso estaba contemplado entre las excepciones del artículo 86 del Código Penal, por ser la violación de una mujer idiota o demente, pero la Municipalidad igual recurrió a la Justicia para solicitar una autorización, al entender que falta una ley específica. Ahora, otra niña de once años embarazada vuelve a poner en juego el mismo artículo del Código Penal, que también habla de "riesgo de vida para la madre". En este caso, no existe el pedido de aborto.

Sin embargo, Mónica Arrighi, de Casa de la Mujer y Mujeres Autoconvocadas Rosario (MAR), alerta que también existe el riesgo de vida de la madre. "Va a ser mucho más difícil de resolver, primero porque la madre no lo ha pedido, y después que la justicia pueda decir que sí. Hay que trabajar para que el Estado se haga cargo de la situación de estas niñas que corren riesgo de vida al continuar con esos embarazos", afirmó Arrighi.

Que la vida de una niña de once años embarazada corre riesgo está probado por la medicina. En el trabajo "Adolescente embarazada, características y riesgos", el presidente de la sección infanto juvenil de la Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología, Jorge Peláez Mendoza, concluyó que "los riesgos médicos asociados con el embarazo en las madres adolescentes, tales como la enfermedad hipertensiva, la anemia, el bajo peso al nacer, el parto prematuro, la nutrición insuficiente, etcétera, determinan elevación de la morbimortalidad materna y un aumento estimado de 2 a 3 veces en la mortalidad infantil, cuando se compara con los grupos de edades entre 20-29 años".

Mientras tanto, la Cámara de Diputados de la provincia nunca trató el proyecto de ley de las diputadas Lucrecia Aranda y Alicia Gutiérrez para garantizar la atención de los abortos no punibles en los hospitales públicos. "No tuvo ningún tratamiento, es un tema que lamentablemente nos negamos a ver como sociedad. Y en la provincia se obturan estas discusiones. Nadie quiere ser responsable de decidir la interrupción del embarazo. Es que desde los sectores fundamentalistas se hizo tanta campaña de persecución, que asustan", apuntó Aranda.