Luego de treinta y tres años de ocurridos los crímenes del Terrorismo de Estado, transcurridos siete años de instrucción judicial de la llamada causa Brusa y tras sortear toda clase de obstáculos y trampas, se ha fijado fecha para el comienzo del Juicio Oral y Público contra un grupo de represores (muchos menos de los que efectivamente participaron en los hechos perpetrados en la Cuarta, la Casita, la Guardia de Infantería Reforzada y otras dependencias policiales y militares de la zona) por las violaciones de los derechos humanos sufridos por un grupo de compañeros (sólo una pequeña parte de los cientos de víctimas, y ni un solo caso de desaparición forzada o asesinato.

Queremos destacar dos cosas: Una es que este es el primer juicio contra los perpretadores del Genocidio sufrido por el pueblo argentino todo en la ciudad de Santa Fe y la misma provincia, como tal lo valoramos y llamamos a rodearlo de calor popular y apoyo social pero que no es el juicio que nos merecemos y por el cual hemos reclamado por más de veinte cinco años: Juicio y Castigo para Todos los represores por Todos los compañeros.

Resulta simbólico que así como el primer juicio de destitución de un Juez Federal por parte del Consejo de la Magistratura (en marzo de 2000, y del cual también fuimos protagonistas como impulsores y testigos) fue contra Víctor Hermes Brusa, ahora también sea el ex Juez Federal de Santa Fe, uno de los represores que irá al banquillo de acusado. Brusa ha llegado a simbolizar más que nadie la complicidad del sistema judicial con el Terrorismo de Estado y por eso mismo todos deberían preocuparse de garantizar nuestro derecho al acceso a la Justicia, que no es sólo la obtención de una sentencia ejemplar. Desde 1983 hasta aquí, por efecto de la lucha popular y de los organismos de derechos humanos de toda Nuestra América, se ha ido construyendo un sistema interamericano de derechos humanos que establecen principios y conceptos sobre la necesidad de respetar y preservar los testigos, sobre el carácter público de los juicios como elemento central del resarcimiento social que el Estado está comprometido con las víctimas, sus familiares y el pueblo todo. Se trata de comprender el sentido del compromiso estatal de que los Juicios sean públicos en el doble sentido de los "testigos víctimas" a ser escuchados socialmente, como el derecho a difundir nuestra versión de lo que nos pasó a nosotros y la Argentina y el derecho del pueblo santafecino a enterarse quien era el Intendente del PJ de Rincón o quién propició la candidatura del torturador a Juez. Tales parámetros no se compadecen con las disposiciones del Tribunal Oral Federal que pretende juzgar los represores en una pequeña sala donde entran menos de treinta personas, o instalando una pantalla de video en el mismo edificio donde Brusa oficiaba de Juez Federal. Como si en los juicios de Buenos Aires se pusiera una pantalla en el Comando en Jefe del Ejército para que los familiares de las víctimas fueran a mirar los debates televisados en circuito cerrado.

Todavía estamos a tiempo de garantizar un juicio oral y público que no sea una ficción de lo prometido constitucionalmente, para lo cual la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Comisión Interpoderes formada a principios de año a instancias de la misma Corte Suprema, deben proveer los medios y ordenar las medidas que permitan un proceso judicial verdaderamente resarcitorio del horror sufrido por los compañeros que ya no están y por los sobrevivientes.

Por muchos años hemos sostenido un reclamo que hoy nos vemos obligados a decir más fuerte: ¡Basta de impunidad para los represores!

* Ex detenido político, querellante en las causas por Terrorismo de Estado en Santa Fe.