En un acto difundido mediáticamente como "la medida previa a la expropiación", el jueves 3 de febrero de 2005 un grupo de funcionarios provinciales recorrió el predio de La Calamita. Eran de la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la provincia. La visita significó "un paso indispensable del proceso de expropiación del predio" ﷓medida ya dispuesta por el gobierno de la provincia- con el objetivo final de instalar un Museo de la Memoria" segun remarcaron las crónicas periodísticas de entonces, que remarcaban que "las actuaciones, que fueron debidamente certificadas por un escribano oficial, apuntaron a garantizar la debida preservación del lugar en el estado en que se encuentra actualmente". Participaron de la recorrida el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Domingo Pochettino; el ex subsecretario del área, Víctor Aliprandi; la directora provincial para la Reconstrucción de la Memoria Histórica, Beatriz Pfeiffer, y el director provincial de Derechos Civiles y Políticos, Carlos Romero.

Tras la visita, el secretario de Derechos Humanos destacó que a través del decreto 48 del 13 de enero de 2005 el gobernador "faculta" a esta dependencia a "la ocupación temporal de urgencia, tendiente a preservar las instalaciones de lo que fuera el centro de detención clandestina quinta La Calamita" y la autoriza a "iniciar las gestiones necesarias ante los propietarios del predio afectado para la ejecución de los trámites, gestiones de advenimiento y diligenciamientos necesarios para la concreción de la expropiación dispuesta por la ley 12.192".

A partir de esta disposición, las autoridades deberán hacer un ofrecimiento económico a los dueños del predio, que estará basado en el debido avalúo fiscal. Si el actual propietario acepta la propuesta el proceso se cierra con la compra del inmueble. De no ser así, y si todas las negociaciones fracasan, la provincia procede igualmente a la expropiación, tal como está dispuesto en la ley.