La posibilidad de que las usurpaciones vigentes en Villa Gobernador Gálvez continúen en Rosario se hizo palpable ayer, cuando la Dirección de Control Urbano acudió a un predio de Uriburu y Circunvalación a desarmar un par de casillas de madera que ya algunas personas habían comenzado a construir. Los municipales fueron repelidos a piedrazos, por lo que tuvieron que realizar la tarea con custodia policial. A media mañana, los cientos de personas que ocupan desde enero los terrenos de Avellaneda al 4200 se pusieron en guardia cuando el juez correccional Rodolfo Zvala y la fiscal Cristina Herrera llegaron al asentamiento rodeados de policías con armas y escudos a la vista. Temieron un desalojo, pero los funcionarios judiciales negaron tal posibilidad. Peritos agrimensores tomaron medidas del vasto solar entre Avellaneda y Constitución al 4200, cuyos titulares son los sindicatos Upcn, Supe (Petroleros), Municipalidad y particulares. No obstante, a los habitantes del lugar no les pasó por alto que el visitante era ni más ni menos que un juez penal.