La especulación que el gobierno quiere desalentar sobre el recurso suelo es la retención improductiva de un inmueble por años, a la espera de su apreciación. El dueño sabe que a futuro puede lograr una orden de desalojo y forzar una situación en la que termina apareciendo el Estado, obligado a comprar la superficie para despejar el conflicto social. Otras veces, el Estado realiza mejoras de infraestructura para desarrollar un barrio. Al querer adquirir tierras aledañas, los vecinos elevan el precio de sus lotes. Un anticipo de lo que propone esta nueva ley es lo que ocurrió en Villa Gobernador Gálvez, tras la toma masiva de terrenos que se dio en 2011. Hábitat promovió una ordenanza por la que algunos titulares usurpados cedieron esos lotes en un banco de tierras. El municipio construyó infraestructura con financiamiento de la Provincia. La Municipalidad luego venderá esos 580 lotes a 20.000 pesos a las familias beneficiarias, y con eso le pagará a los dueños originales y la obras de la Provincia.