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Desde Santa Fe

El abogado de varios imputados en la causa de Los Monos, Fausto Yrure, sabía que el gobernador Antonio Bonfatti no pediría el acuerdo de la Asamblea Legislativa para designarlo juez penal de primera instancia de Rosario, a pesar de que ganó el concurso en el Consejo de la Magistratura. "El Poder Ejecutivo no va a mandar mi pliego", le dijo al secretario de Justicia y presidente del Consejo, Mariano Candioti, en la entrevista que cerró las pruebas. Tenía razón. Bonfatti salteó el orden de méritos y propuso para el cargo a un ex funcionario socialista, Eduardo Gabriel Fajardo, ex director de Capacitación Penitenciaria del Ministerio de Seguridad, a quien en mayo de 2012 ya había promovido como fiscal regional de Venado Tuerto, pero después retiró el pliego para evitar chispazos políticos con el PJ. Bonfatti propuso también como jueza penal de primera instancia de Rosario a otra funcionaria de su gabinete, Hebe Marcogliese, ex directora de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y actual asesora del ministro de Gobierno, Rubén Galassi, que salió cuarta en el concurso que ganó Yrure.

Bonfatti bochó al penalista porque ﷓a su criterio﷓ "no presenta el perfil de juez que deben tener quienes se desempeñen en los Tribunales de la provincia". Y fundó la decisión en un dictamen en disidencia de Candioti, que propuso excluir a Yrure de la "nómina de candidatos a juez penal de Rosario" que el Consejo de la Magistratura elevó al PE., pero sin éxito. Los otros tres jurados: el académico Javier Toniollo, la abogada María de los Angeles Marelli Rivero y la jueza de la Cámara de Reconquista, María Eugenia Chapero, votaron a favor del Yrure, que ganó 3 a 1.

El dictamen de Candioti ﷓al que tuvo acceso Rosario/12﷓ relata la entrevista con Yrure. El secretario de Justicia pidió el descargo del abogado por "hechos de dominio público" y una "presentación" del diputado del Frente para la Victoria, Leandro Busatto. "Todos antecedentes" "sostuvo﷓ que "ponen en tela de juicio el perfil del candidato e interpelan al Poder Ejecutivo respecto de su eventual designación como juez penal de Rosario", donde Yrure defiende a imputados en causas que investigan "el accionar de bandas delictivas presuntamente ligadas al flagelo del narcotráfico".

Yrure "se mostró conocedor de lo expuesto" por Candioti y le expresó la "convicción de que su pliego no sería elevado por el Poder Ejecutivo" a la Legislatura.

Candioti le preguntó entonces si "no advertía que existen diferentes plataformas conceptuales, filosóficas, éticas y deontológicas entre el perfil de un abogado penalista y el de un juez penal", más en esta "coyuntura histórica en la provincia", donde "uno de los fenómenos delictivos" es el "narcotráfico y sus penetraciones locales".

"Yrure respondió sin ningún tipo de fundamento jurídico ni conceptual filosófico﷓axiológico que no veía ninguna diferencia entre ambos perfiles y en consecuencia, nada le resultaba a él reprochable", dijo Candioti. Y concluyó: proponer a Yrure como juez penal de Rosario "no resulta adecuado ni al texto ni al espíritu de la ley aplicable".