Finalmente, después de años de lucha, dos proyectos de ley sobre matrimonio entre personas del mismo sexo fueron tratados en el Congreso.

Ambas iniciativas fueron debatidas en un plenario conjunto de las comisiones de Legislación General y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Y la idea es que llegue a la Cámara de Diputados y sea aprobado antes del recambio legislativo del 10 de diciembre. Pero no porque exista algún apuro de parte del Gobierno, ni porque se especule con que, si no sale antes de esa fecha, la cosa se empantanaría. Es que los dos proyectos que apuntan a reconocer la libertad de elegir con quién asumir los compromisos de la vida en común y de formar familias –hijos e hijas incluidos– llegan a tratarse con el consenso expreso de los partidos mayoritarios –el macrismo no sabe no contesta–. El proyecto de la socialista rosarina Silvia Augsburger y el que promueve la diputada Vilma Ibarra, de Encuentro Popular y Social, tienen algunas diferencias pero un objetivo común: el mismo con el que las organizaciones lgbt ayer comenzaron a movilizarse con el obvio deseo de llegar a la Marcha del Orgullo, el 7 de noviembre, con un motivo extra de festejo.

La igualdad ante la ley podría lograrse con la modificación del artículo 172 del Código Civil: donde dice "hombre y mujer" se colocaría el término "contrayentes". Así, este artículo quedaría redactado de la siguiente manera: "Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por los contrayentes ante la autoridad competente para celebrarlo. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo". Matrimonio, no unión civil, con las diferencias simbólicas que esto conlleva. Aunque lo cierto es que todavía no está dicha la última palabra y es posible que en el recorrido que los proyectos tendrán en el Congreso sufran modificaciones.

"Consagrar la igualdad de status civil jurídico social en la institución del matrimonio a todas las personas no sólo implica un desagravio a sectores sociales que han sido y siguen siendo marginados y perseguidos, sino que es fundamentalmente una conquista real y simbólica para toda la sociedad", sostienen los fundamentos del borrador del proyecto presentado por Vilma Ibarra.

¿Será el 2009 el año en que nuestras familias sean de una buena vez reconocidas con todas las de la ley? ¡Esperemos!