No será fácil para el Estado chileno cumplir con la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de “reparar integralmente” a la jueza de Garantías de Santiago, Karen Atala. Es que ya pasaron más de seis años desde que la Corte Suprema de Chile le quitó la tutela de sus tres hijas por el hecho de ser lesbiana y no ocultarlo, por la osadía de pretender vivir en pareja con otra mujer —la historiadora Emma de Ramón— y compartir el hogar familiar con las tres niñas como lo venían haciendo desde dos años antes del fallo, que ahora la CIDH considera violatorio del derecho a vivir “libre de discriminación”. “El proceso a nivel internacional ha sido largo, sobre todo medido en tiempos de las niñas, quienes en 5 años han debido crecer, vivir y madurar alejadas de mí, sin vuelta atrás. El tiempo perdido no se recupera en la vida de nadie, tampoco en la vida de tres niñas que deberán seguir creciendo en el prejuicio legitimado e institucionalizado por esta sentencia”, decía Atala en 2008, cuando la CIDH reconoció como admisible su caso. Vulnerada en su condición de mujer, de madre, de lesbiana por el mismo Estado al que ella sirve en su calidad de jueza, Karen y su compañera, sin embargo, siguieron adelante. Es cierto que no se recuperará el tiempo perdido, la reparación que exige la CIDH a Chile —en el término de dos meses, so pena de elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos— no podrá reponer escenas familiares donde antes hubo ausencia y separación. Sin embargo, quedará escrito que el prejuicio no puede ser legitimado ni legalizado y que esa sentencia de la Corte en la que se leyeron barbaridades como que al hacer visible su “condición de lesbiana (...) priorizó sus propios intereses, postergando el de sus hijas, especialmente al iniciar una convivencia con su pareja en el mismo hogar en que lleva a efecto la crianza”. Algo empezará a tejerse otra vez para esta familia, algo de lo que tembló años atrás cuando Atala pidió que se deje de exponer públicamente su caso para que no se convierta su historia y la de sus hijas en campo de batalla, se ve ahora fortalecido de nuevo con este reconocimiento público, legal e internacional de la desprotección de los ciudadanos y ciudadanas lesbianas, gays y transgénero en Chile frente a las leyes y las instituciones. En Chile y, por supuesto, en tantos otros países como el nuestro en los que el derecho a la identidad y el parentesco, al trabajo y la salud, a la identidad y la expresión de los afectos y la sexualidad penden siempre de un hilo o están puestos en debate, negando que la categoría de persona debería ser una sola.

Ahora —mientras avanza frente a la misma Comisión la presentación de la docente Sandra Pavez, impedida de dar clases por ser lesbiana mediante otro fallo de la Corte Suprema—, Chile tiene dos meses para decidir, a través de una “mesa de trabajo intersectorial”, de qué manera borra la misma vulneración de derechos que defendió ante la CIDH y cumple con la recomendación de “generar la legislación, políticas públicas, programas y directivas para prohibir y erradicar la discriminación con base en la orientación sexual en todas las esferas del ejercicio del poder público, incluyendo la administración de Justicia”.