El argentino Juan Méndez, abogado y especialista en derechos humanos, es el actual Relator Especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de la ONU. Méndez sufrió en carne propia la tortura en el período que pasó detenido en la Unidad 9 de La Plata por defender presos políticos, durante el mandato de María Estela Martínez de Perón. Recientemente, el relator (que gracias a Amnistía Internacional pudo exiliarse a Estados Unidos en 1976) dio a conocer un informe que pone el foco en la necesidad de reevaluar la definición de tortura “a la luz de las condiciones actuales y los valores cambiantes de las sociedades democráticas”. El capítulo IV del informe se titula “Reconocimientos emergentes de las diferentes formas de abusos en los centros de salud”. En él figura un apartado sobre derechos reproductivos que engloba dentro de las formas de tortura a “la denegación del acceso a servicios autorizados de salud como el aborto y la atención posaborto”. En concreto, la prohibición del aborto se define como violación de los DD.HH. y se equipara al “maltrato y la humillación en entornos institucionales, las esterilizaciones y abortos forzosos y a la mutilación genital femenina”.

Y hay más. También en ese capítulo se dedica un espacio importante a lesbianas, gays, personas trans e intersex. Méndez habla de la necesidad de una definición de tortura con sensibilidad de género. Para ello los proveedores de salud “deben prestar especial atención a los grupos vulnerables, entre ellos a las minorías sexuales”. Menciona que “el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prohíbe toda discriminación en el acceso a servicios de salud y los factores determinantes básicos de la salud, así como a los medios y derechos para conseguirlo, por motivos de orientación sexual y de identidad de género”. Entre las formas de tortura y tratamientos crueles e inhumanos enumera: conductas homofóbicas por parte de los profesionales de la salud que humillan verbalmente, niegan tratamientos, aplican procedimientos forzados como la esterilización o exámenes anales invasivos avalados por el Estado para la persecución de las relaciones homosexuales, exámenes de virginidad y cirugías de normalización genital bajo el nombre de “terapias reparadoras”. También se refiere a las criaturas nacidas con características sexuales atípicas sometidxs a reasignaciones sexuales irreversibles, obviamente, sin su consentimiento con el objetivo de “reparar sus genitales”. Además. el informe da cuenta de la vulnerabilidad en la que viven las personas trans en muchos países. Sólo para dar algunas números, el informe detalla que: en 29 países europeos se requiere la esterilización para el reconocimiento legal del género autopercibido. Lo mismo ocurre en 20 estados de los Estados Unidos. En 11 países europeos ni siquiera existe la posibilidad de reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans.