El sábado 23 de noviembre, en San Miguel de Tucumán, Celeste fue invitada a la fiesta de una amiga. Mientras se divertía bailando cumbia, fue agredida por las reacciones transfóbicas de algunos de los presentes, que llamaron a la policía para que la sacaran del lugar. El broche de odio fue una cobertura mediática que no olvidó ninguna de las muletillas que ya conocemos de memoria cuando se hace referencia a una persona trans, e incluso lecturas poco felices por parte de la misma comunidad lgbttqi de la provincia de Tucumán.

Una vez fuera de la fiesta, se la llevaron a la Comisaría 4ta. Gustavo Díaz Fernández, delegado de Inadi de esa provincia, quien luego la acompañó a hacer las denuncias, cuenta que Celeste pasó la noche ahí y cómo fue a la mañana siguiente liberada por unos y vuelta a secuestrar por la noche por otros: “Como sacar a alguien por la fuerza de una casa sin orden judicial es un secuestro de acá a la China, los policías que llegaron con el cambio de turno, al ver la situación de irregularidad, la liberaron”. Celeste pudo volver a su casa, pero esa misma tarde los uniformados del turno noche, no conformes, la volvieron a buscar, y de vuelta al calabozo. Tampoco hubo marco legal alguno para esta segunda detención, de hecho, los archivos de la guardia de esa noche fueron borrados con liquid paper para que no quedaran rastros de que pasó por ahí. Si quisieran justificarse amparándose en el Código Contravencional que todavía existe en Tucumán (que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema y que hace tiempo venimos tratando de reformar), tampoco podrían porque en él no hay una persecución explícita de la diversidad sexual. De todos modos, es obvio que las contravenciones operan en el imaginario y se cree que abarcan mucho más de lo que en realidad dice el texto”, agrega Gustavo. Celeste pasó tres días en una jaula (lunes, martes y miércoles). El miércoles, los policías la sacaron, le hicieron un bukake y luego la metieron en el calabozo, donde fue violada por los detenidos. El jueves a las 7 de la mañana logró escapar, se acercó a la Unidad de Trata provincial pero no le quisieron tomar la denuncia. Jorgelina Zalazar, una reconocida travesti tucumana, cuando se enteró, alertó al Inadi. Un equipo conformado por el Observatorio de la Mujer, la Secretaría de Seguridad y el Inadi la acompañó a hacer la denuncia penal. En la causa –de abuso sexual por parte de policías y abuso sexual por parte de detenidos– intervienen el fiscal Washington Navarro Dávila y el juez Francisco Pisa. Los cinco policías que participaron fueron detenidos. Cuatro de ellos están presos y uno, prófugo. Pero la cosa no termina allí. Como la denuncia no sólo incluyó a los policías sino también a los detenidos del barrio, una horda de parientes llegó la casa de Celeste para amenazarlas a ella y a su abuela.

Como ya usual, recuerda Gustavo: “La defensa de los abusadores tejió hipótesis que decían que Celeste estaba borracha, que tenía drogas, que es escandalosa, por ser trans; tiene encima todas las sospechas”. Los medios locales aportaron lo suyo: algunos debatieron al aire la disyuntiva del artículo –“¿Se dirá ‘el’ o ‘la’ travesti?”–, hablaron de detención por Código Contravencional (un dato falso), y los diarios digitales no moderaron los comentarios de extrema transfobia de sus lectorxs. Y hasta el activismo local, queriendo defender –por automatismo, desinterés o miopía– difundió información errónea al decir que fue detenida en situación de prostitución y que, además, habría intentado coimear a sus captores.