La humillación y la injuria han sido reacciones habituales del sistema judicial frente a la población lgbti. Pero hace varios años que nuestra cultura jurídica viene siendo interpelada por los movimientos de la disidencia sexual, que fue llevando sus protestas de la calle al tribunal. En esa pugna, nos dimos cuenta de que el sistema legal era tan responsable como cualquier otro discurso en producir sentidos marcados por las reglas opresoras de género. Había que desembarcar con los reclamos de ciudadanía en ese submundo tradicionalista, llenar los tribunales de invertidos y perversos.

Las batallas legales fueron libradas, primero, en los tribunales penales y no por casualidad, porque la injuria tuvo principio de partida con los abusos policiales. Luego se sucedieron en los tribunales civiles, en los de familia, los laborales, los comerciales, y en los tiempos más recientes en los tribunales provinciales incluyendo los contenciosoadministrativos de la Ciudad de Buenos Aires. No se iba sólo con la desnudez de derechos, sino con el cuerpo y la experiencia abatida pero alegre. A cada vulneración, le correspondía un fuero. Las respuestas ambivalentes del sistema judicial no opacaron la idea según la cual el movimiento consiguió alfabetizar un sistema enclaustrado.

Pero las leyes conseguidas no bastan. Se necesitan cambios que combatan las discriminaciones estructurales. Cada poder del Estado lo hizo, el Judicial no tiene argumento para eximirse. No alcanza con reconocimientos judiciales de derechos, si las propias instituciones que nos juzgan y avalan la discriminación laboral, educativa o sanitaria, no democratizan sus servicios de Justicia, o no permiten, por ejemplo, el acceso a fuentes de trabajo estables a personas trans. El Ministerio Público Fiscal, en ese sentido, es un ejemplo.

La ética marimachotrans, para usar un concepto de Paco Vidarte, ingresó hace un tiempo al sistema judicial, primero como acusados (por pederastas, criminales, enfermos), luego como víctimas (frente a las opresiones del Estado y la sociedad) y ahora bajo un rótulo quizás un poco más holgado que los anteriores: ciudadanos. Pero no nos dejemos convencer con que la ciudadanía conquistada es la última plataforma del escalafón moderno burgués. Debemos seguir atravesando la maleza judicial, agitar los actos judiciales y desprenderles la violencia de sus prácticas. Hay que seguir afectando al Poder Judicial con la celebración de nuestros cuerpos. Hay que seguir porfiando por la justicia y dar zarpazos de amor en cada una de las batallas legales, que siempre han sido políticas.