A LA VISTA
› Por Juan Tauil
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires instituyó al 17 de Mayo como “Día de la lucha contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género” tras aprobar la semana pasada el proyecto impulsado por la diputada Gabriela Alegre, del partido Diálogo por Buenos Aires.
“Es una iniciativa internacional que decidimos acompañar y que no tuvo demasiadas oposiciones, algunos por convicción, otros por corrección política. Lo importante es que constituye un avance, sobre todo
porque incorpora el tema al ámbito escolar, los docentes podrán trabajarlo curricularmente. La educación es un arma fundamental para trabajar temas culturales y la discriminación por orientación sexual es cultural: se adquiere en la familia o por los medios de comunicación”, advierte la diputada Gabriela Alegre, quien también reconoce la importancia de “hablar sobre la orientación sexual mediante el debate, porque puede despejar dudas de muchos jóvenes”.
El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su lista de trastornos mentales, hecho que barrió no sólo con la homofobia médica y produjo un cambio
conceptual global. “A modo personal creo que es gratificante que exista un día en que se celebren las actividades en las que muchos trabajamos durante todo un año”, resume César Cigliutti, titular de la
CHA. “Acompañamos el proyecto porque es una reivindicación no sólo porque es políticamente correcta ya que incluye a todos: gays, lesbianas, bisexuales y trans, sino porque avanza en términos educativos.”
Es el artículo 11 de la Constitución porteña el que encauza los avances en términos de políticas antidiscriminatorias e inclusivas
como la ley de unión civil y la institución de fechas como ésta, que echan mano al poder educativo de las leyes. “El hecho de que se hable de orientación sexual y de género en el ámbito público es un avance
frente a posturas como la del Vaticano, que relega estos temas al ámbito privado, cuando la discriminación es pública y es el Estado el que debe accionar para frenarla”, remata Cigliutti. Respecto del futuro, Alegre es optimista: “Todavía queda mucho por hacer: nacionalizar las leyes de unión civil, avanzar con la ley de adopción para parejas del mismo sexo y por qué no la creación de programas que trabajen el tema de la diversidad sexual o un área de gobierno como existe en Rosario, que ayudaría a cambiar la situación de las trans, por ejemplo, que tienen que estar en situación de prostitución porque desde el Estado no se les garantiza el acceso a otro tipo de actividad”.
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