La mala nueva –hoy lo nuevo no dura nada, mañana puede suceder algo mucho peor– es que desde el 4 de enero pasado quedó acéfalo y excluido del nuevo organigrama del Ministerio de Salud de la Nación el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, un programa tan de vanguardia como resistido por los sectores conservadores contrarios a la ampliación de derechos en materia de sexualidad y anticoncepción. Como si esto no fuese suficiente, también ha sido despedido casi un tercio del personal. Esta decisión de la política del cambio no debería extrañarnos ya que el actual Ministro de salud, Jorge Lemus, ya había dado inconfundibles muestras de su línea de pensamiento mientras ocupó un cargo similar, en esta misma área, durante la primera gestión machista, perdón, macrista, en el Gobierno de la Ciudad. En ese entonces dos de sus medidas top fueron desactivar un programa de tratamiento a niñxs y adolescentes con trastornos mentales severos y firmar un protocolo de atención de abortos no punibles tan, pero tan restrictivo, que la propia justicia lo tuvo que vetar al considerar que violaba las indicaciones de la Corte Suprema. ¡Mamita querida! Hoy Lemus ha vuelto a sus andadas, pero recargado, expandiendo su política a nivel nacional y afectando con su concepción de “salud” a la población diversa de nuestro país. Es que este programa al que se considera “suspendido” (ni vivo, ni muerto, simplemente no está) corre el riesgo de ser absorbido por la Secretaría de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria, una reciente creación del gobierno que se plantea como objetivo “entender en los temas relativos a la salud sexual y procreación responsable”. La perspectiva de trabajo de esta Secretaría sería, por supuesto, contraria a la de género y todo tema de salud sexual se reduciría a lo meramente reproductivo, invisibilizando a la problemática de la población trans.

Lograr que el PNSSyPR se convirtiera en ley en el año 2003 costó una década de luchas feministas. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina, el programa fue incorporando temas centrales en su agenda no contemplados en el proyecto original, como la aplicación de la Ley de Identidad de Género a través de la publicación de la Guía para la atención de la salud integral de las personas trans. Otro de los puntos más resistidos y ocasionadores de su “suspensión” (suena a la medida disciplinaria con la que se castigaba en el colegio) debe haber sido, sin duda alguna, encargarse de la implementación de la ley 26.130 o Régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica (ligadura de trompas y vasectomía) y la publicación de un Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (bomba). Sus objetivos eran que la población “alcanzara el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia”.

El modo en que podían verse los efectos de este programa en la vida práctica eran más que palpables, ya que estaba a su cargo el reparto gratuito de anticonceptivos para mayores de 14 años (incluida la del día después, erróneamente interpretada como abortiva), el trabajo en los modelos de consentimiento informados para Técnicas de Reproducción Humana Asistida (¿afectará esto la ley de fertilización?), la autorización de prácticas quirúrgicas y la garantía al acceso de información, métodos, orientación, y prestaciones de servicios. Si había un lugar donde los derechos sexuales tomaban forma de Estado era, precisamente, en este programa. Pero estos derechos, como todo lo sólido en los últimos tiempos, parecen desvanecerse en el aire. Lo que viene ahora es la pura incertidumbre hasta que el programa baje de su limbo.